El servicio provincial de Procuración del CUCAIBA, en articulación con los equipos de salud de hospitales públicos de los municipios de Monte Grande, Bahía Blanca, Avellaneda, Mar de Ajó, Florencio Varela, Cañuelas y Melchor Romero, llevaron adelante ocho operativos de donación en sólo 48 horas.

Con gran celeridad, se obtuvieron 12 riñones, un hígado y dos corazones aptos para trasplantar válvulas cardíacas, además de siete córneas. Este trabajo de coordinación y logística del personal de salud, junto a los equipos de ablación bonaerenses, hará posible que 13 personas que están en lista de espera, salven o mejoren sus vidas.

El presidente del CUCAIBA, Francisco Leone, aseguró que “debido al trabajo articulado entre los hospitales y el CUCAIBA, la procuración de órganos mejora año a año y consideramos que es producto de un proceso social interesante, que reafirma la solidaridad de la gente”.

Con este megaoperativo, el hospital provincial José Penna de Bahía Blanca volvió a realizar un trasplante gracias al trabajo que se realizó para reactivar el servicio de trasplante renal, que había quedado paralizado a raíz del trágico temporal que asoló a esa ciudad en marzo de este año.

En la provincia de Buenos Aires, unas 5 mil personas aún esperan ser trasplantadas. Por eso, desde la cartera sanitaria bonaerense, se insiste en la necesidad de tomar conciencia sobre la importancia de manifestar la voluntad de donar, dado que significa la posibilidad de salvar o mejorar notablemente la calidad vida de una persona enferma.

Ley Justina

En el país, rige desde 2018, la llamada Ley Justina, que establece que toda persona capaz, mayor de 18 años, es considerada donante a menos que manifieste lo contrario.

La normativa, que surgió a raíz de la familia de Justina Lo Cane, una niña de 12 años que falleció a la espera de un corazón para trasplante, tuvo alto impacto en la donación. Antes de que su caso conmoviera a todo el país, un 37 por ciento de las personas a las que se les preguntaba si estaban de acuerdo con que su familiar fallecido sea donante de órganos y tejidos respondía que no. La experiencia de Justina, que trascendió a través de los medios de comunicación y que estuvo en el origen de la ley 24.447, consiguió que hoy sólo el 10 por ciento de las familias consultadas se niegue a donar.

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