La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue el escenario del conversatorio “Familias Destruidas: Falsas Denuncias, Violencia Institucional”, un encuentro que reunió a expertos y víctimas para debatir sobre la problemática de las acusaciones falsas y su impacto en el sistema judicial y los vínculos familiares.
El evento, organizado por la Fundación Apolo en el Salón Montevideo permitió a los asistentes escuchar testimonios conmovedores de quienes han sufrido los efectos de las falsas denuncias. Expusieron Pablo Ghisoni; Juan Foster (padres denunciados falsamente); Ramón Dupuy (abuelo de Lucio Dupuy) y Norma Igoa (víctima de falsa denuncia).
Además, expertos en la materia aportaron propuestas y herramientas concretas para mejorar el sistema judicial y, a su vez, proteger el interés superior del niño. Los organizadores agradecieron la participación de los panelistas, moderadores y de los asistentes, subrayando que su presencia es “clave para impulsar cambios y visibilizar esta problemática”.
Panel
El panel técnico estuvo integrado por el legislador porteño de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro, quien ya presentó tres iniciativas que buscan sancionar estas prácticas y reparar a las víctimas; los senadores nacionales Carolina Losada y Juan Carlos Pagotto; la especialista en psicología jurídica y forense Cecilia Schatz (APFRA); y la ex jueza de familia Karina Bigliardi. La moderación estuvo a cargo de Andrea Guacci, miembro del Frente de Mujeres Argentinas.
Allí se discutieron herramientas diagnósticas, vacíos legales y propuestas concretas para garantizar el interés superior del niño, prevenir la violencia institucional y evitar que la ideología interfiera en la aplicación de la ley.
Durante su intervención, Santoro afirmó que “nuestro eje de trabajo está puesto en las reformas institucionales, estamos investigando redes de fiscales, peritos, ONGs y demás, que funcionan de manera amañada o coordinada para hasta a veces vender el servicio de impedimento de contacto o de ventaja judicial” e indicó que “desde el lado legislativo, trabajamos en un registro de instructores de vínculos familiares porque nuestro objetivo prioritario y urgente es, además de que haya justicia en términos penales, la revinculación del hijo con el padre/madre que sufre el desplazamiento”.
“La Fundación Apolo trabaja toda la problemática: también tenemos casos donde se realizan falsas denuncias con fines extorsivos o para evadirse del cumplimiento de una obligación de pagar una deuda, por ejemplo. La verdad es que estas distintas formas de abuso del derecho son muy variadas y lo que venimos detectando es que además hay un entramado judicial e institucional que refuerza un funcionamiento sesgado de la justicia”, señaló.
En tanto, Losada remarcó que “esto tiene que ver con defender la verdad, no debería haber grietas de ningún tipo. Ninguna persona de bien puede sentirse cómoda con la mentira, con que se estafe al sistema judicial, porque la falsa denuncia es una forma de corrupción también. Cuando empezamos a trabajar estos casos en 2022, era políticamente incorrecto, nadie hablaba del tema. Todavía hay mucho miedo a estas organizaciones y profesionales con muy pocos valores y poco respeto a su profesión que hacen mucha plata con esto”.
Luego, familiares y víctimas de este tipo de casos relataron sus experiencias y cómo afrontaron cada una de las situaciones adversas que padecieron durante el proceso judicial. Los oradores fueron Norma Igoa, Pablo Ghisoni, Juan Foster y Ramón Dupuy. Este panel fue moderado por la presidente de Infancia Compartida, María Rosa Ortega, quien manifestó que “quien recibe una falsa denuncia pierde su vida, cambia radicalmente. Es un impacto en la moral, en lo más propio del ser humano. Después cuesta volver a ser quien uno era, recuperarse”.
Cabe resaltar que Santoro presentó un proyecto sobre el tema en la Legislatura porteña, con el expediente N° 1260/2025, con la incorporación de sanciones de arresto de 20 días en los casos más graves. La iniciativa incluye agravantes en contextos de violencia de género o cuando se prueba que el hecho nunca existió.
En la misma línea, también impulsó los proyectos N° 2450/2025 y N° 2451/2025, que refuerzan el combate a las denuncias maliciosas mediante inhabilitaciones y mecanismos de reparación para las víctimas, consolidando un marco normativo que busca desincentivar el uso abusivo del sistema judicial.
