La Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, ratificó el archivo definitivo de la causa IBM-DGI, una investigación que se extendió por casi tres décadas y que acusaba a ex funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI) y a directivos de IBM por presuntos sobreprecios en contratos millonarios.
La Sala IV, con votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, sostuvo que “los delitos de corrupción también prescriben” y confirmó la decisión de 2016 del Tribunal Oral Federal N° 3, que declaró extinguida la acción penal por el paso del tiempo. En disidencia, el juez Gustavo Hornos planteó que se trata de ilícitos imprescriptibles y pidió que el juicio oral se lleve a cabo.
La causa nació en 1996 tras denuncias por contrataciones directas entre la DGI e IBM en 1994 y 1995, sin licitación y por montos millonarios, que habrían generado un perjuicio económico al Estado por decenas de millones de dólares. Entre los imputados se encuentran el ex director de la DGI Ricardo Cossio y altos directivos de IBM Argentina.
La Oficina Anticorrupción sostuvo que estas contrataciones se ampararon en un decreto de Menem y que IBM subcontrató empresas que presentaron contabilidad falsa para justificar pagos, en un presunto esquema de “coimas camufladas”.
Aunque en 2009 se ordenó iniciar el juicio, éste nunca comenzó. En 2016, el tribunal declaró la prescripción, pero la Fiscalía y la Oficina Anticorrupción apelaron, logrando en 2018 que la Sala IV revocara el sobreseimiento y pidiera fijar fecha de juicio. La Corte Suprema intervino varias veces, hasta que en 2025 ordenó resolver de nuevo la cuestión de la prescripción.
El fallo de la Sala IV destacó que, desde la citación a juicio en 2009, corrieron los plazos legales para la prescripción, sin actos que la interrumpieran. Borinsky señaló que la reforma al Código Penal aclaró qué actos procesales interrumpen la prescripción y que “no se puede soslayar el derecho a un juicio en un plazo razonable”.
En cambio, Hornos sostuvo que la corrupción es un delito grave contra el Estado que, según la Constitución Nacional, resulta imprescriptible. Argumentó que la impunidad “agrava el deterioro institucional” y que se debe realizar el juicio oral “con la mayor celeridad posible”.
