Esta semana, en el Anexo de la cámara de Diputados bonaerense, se oficializó el Sello Argentina Valora 2025, que distingue a las empresas que implementan buenas prácticas laborales tales como la incorporación de personas con discapacidad. De esta manera, los privados que cuenten con dicho reconocimiento tendrán prioridad como proveedoras del Estado.
La propuesta fue impulsada por la Red de Empresas Inclusivas de la República Argentina, y fue acompañado por la legisladora bonaerense de Unión por la Patria, Margarita Recalde. La distinción fue presentada con funcionarias del Ministerio de Salud y del Organismo Provincial de Contrataciones.
De esta manera, la directora Provincial de Acceso e Inclusión en Salud, Lourdes Farías, afirmo que la propuesta busca “generar puentes con las Pymes que puedan incorporarse al mercado laboral. El sello Argentina Valora 2025 califica y mejora a las empresas que adhieran y les va a posibilitar una prioridad en la oferta cuando se incorporen las empresas como proveedoras del Estado”.
“Si logramos desde el Estado que las personas empiecen a incorporar personas, no por caridad, sino porque son trabajadores igual que los demás, también generamos un bienestar social. El trabajo es una demanda histórica para ese colectivo”, indicó la directora de la cartera.
Según señaló Farías, en el país existen más de 1.700.000 personas con discapacidad, de las cuales el 60% están en condiciones de ser incorporados al sistema laboral. “Actualmente, la inserción laboral es mínima a través de la ley de cupo laboral y de los talleres protegidos que son aproximadamente 130 en la Provincia. Es algo que estamos trabajando desde el Estado y es algo que va a trascender a nuestra gestión”, indicó.
Además, Farias expresó que la incorporación del sello tiene por objetivo ser una herramienta que impulse “cambios culturales duraderos en las organizaciones, motivándolas a que la inclusión deje de ser algo excepcional y se convierta en parte de su identidad”.
En esta línea, la Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Contrataciones, María Victoria Anadón, remarcó que el Sello representa un marco institucional sólido que potencia y legitima las acciones que las empresas ya desarrollan en materia de inclusión. “No se trata de un punto de llegada, sino de un camino de mejora continua, en el que el Estado cumple un rol clave como facilitador y aliado”, indicó.
“Espero que las distintas cámaras y federaciones se sumen a esta certificación. La importancia del Estado refiere a un aspecto ejemplificador que luego se transmite al privado. Esta es una política pública prioritaria, donde además discapacidad es un colectivo muy agredido por el Gobierno nacional”, sostuvo Anadón.
De la misma manera, la titular del Organismo Provincial de Contrataciones valoró el trabajo articulado con los legisladores y adelantó que el próximo paso será trabajar en un criterio legal para ponderar a las entidades poseedoras del sello Argentina Valora a la hora de la adjudicación de las empresas proveedoras del Estado.
En detalle, los requisitos para que una empresa sea reconocida con el sello de Argentina Valora consiste en que debe ser una organización legalmente constituida dentro del territorio de la República Argentina, y contar con personas con discapacidad en su nómina de funcionarios.
