El Juzgado de Garantías N° 6 de Florencio Varela, con la firma del juez Diego Agüero, resolvió elevar a juicio oral la causa contra el jefe de vigilancia y seis médicos del Servicio Penitenciario Bonaerense, acusados de los graves delitos cometidos en perjuicio de Mónica Mego, una persona trans alojada en la Unidad N° 32 de esa localidad, que perdió la capacidad de caminar. Mego quedó con secuelas de deterioro constantes en su salud y años después murió.
El fallo, a cargo del juez Agüero (foto) con un enfoque en Derechos Humanos, acusa al personal penitenciario de haber sometido a la víctima a un trato humillante y de haber omitido la asistencia médica adecuada, lo que derivó en la pérdida de la movilidad de sus miembros inferiores.
Los acusados son el Jefe de Vigilancia, JMG -acusado de abandono de persona agravado por las lesiones sufridas, en concurso con severidades y vejaciones más seis médicos del Servicio Penitenciario Bonaerense, MPN; WRP; ET; FJA; CBP y MG (Data Judicial se reserva los datos filiatorios)-acusados del delito de lesiones culposas por negligencia-. Vale remarcar que el proceso se inició en el Departamento Judicial de La Plata y por un fallo de Casación (referido a la competencia territorial) se radicó finalmente en el Departamento Judicial Quilmes, en la UFI N° 9 de delitos en el Complejo Carcelario a cargo del fiscal Cristian Granados, desde donde se solicitaron al magistrado diferentes allanamientos a fines de colectar elementos probatorios sobre los hechos en investigación.
Tras cerrar el proceso de instrucción penal preparatoria el doctor Granados requirió la elevación al magistrado y fue así que el Juez Agüero convalidó la elevación, considerando que el jefe de seguridad incumplió su obligación de proteger y asistir a Mónica Mego, demorando su traslado y poniéndola en peligro. Además, reprochó que se ordenara su alojamiento en una celda de contención (buzón), donde recibió tratos degradantes, como obligarla a gritar por comida y negarle la asistencia para moverse.
Respecto a los médicos, Agüero determinó que actuaron con negligencia al no extremar los recaudos médicos, incurriendo en una subvaloración del cuadro clínico que la víctima presentaba.
Pormenores
El fallo, al que accedió este medio, recoge el testimonio de Mónica Mego, quien relató que, desde octubre de 2018, comenzó a sufrir fuertes dolores de espalda y que los médicos de Sanidad solo le daban ibuprofeno y paracetamol, sin revisarla adecuadamente.
Mego describió un año de sufrimiento: “…ya por las noches no podía dormir, lloraba, tenía fiebre, ya no podía estar parada, ni sentada, ni acostada…” Su cuadro se agravó hasta que ya no podía caminar. Relató que los agentes se burlaban y le decían que “se hacía la que no podía caminar” para evitar ayudarla a subir al vehículo de traslado. Mego tuvo secuelas constantes en su salud un deterioro permanente y falleció años después.
El punto de inflexión fue en el “buzón” (celda de aislamiento): tras caerse al piso sin poder moverse y sin asistencia médica, Mónica relató: “…a partir de ese momento ya no sentí nada de la boca del estómago para abajo, ya quedé inmovilizada…” Meses después, fue operada por un absceso en un hospital público, quedando postrada permanentemente.
Discriminación
El juez Agüero destacó que las conductas de los acusados se motivaron en “un sinfín de prejuicios arraigados”, agravados por la condición de Mónica Mego: persona transgénero, migrante y pobre.
Peritos y activistas del colectivo trans, como la psicóloga social Marlene Wayar y una antropóloga, aportaron al expediente, señalando que la desatención sanitaria hacia el colectivo LGBT y el trato violento a las mujeres trans es una “práctica arraigada” dentro del SPB, lo que se convierte en una “tortura psicológica”.
La antropóloga llegó a definir lo ocurrido como un “transfemicidio” producido con la intervención de agentes estatales. La resolución se encuentra ahora en etapa de notificación a las partes y puede ser apelada ante la Cámara de Apelaciones.
