El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó un proyecto que busca derogar decretos del Poder Ejecutivo que desregulan la tenencia de armas. “El Gobierno impulsa medidas que aumentan la circulación de armas y debilitan la prevención de la violencia. Es un retroceso en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos, y sólo conduce a una sociedad más violenta e injusta”, advirtió.

La iniciativa, que apunta a dejar sin efecto los decretos 397/2025, 409/2025 y 445/2025, se presenta en el contexto de casos de peligro de tiroteos en escuelas, como la detención de un joven de 16 años en Capital Federal que planificaba un tiroteo en su colegio con fusiles y ametralladoras, o el arresto semanas atrás de una niña de 14 años en Mendoza que fue a su escuela armada y disparó amenazando a sus compañeros.

El proyecto solicita la restitución del Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada, creado por la Ley 27.192 para financiar investigaciones, programas comunitarios y campañas de sensibilización destinadas a reducir el uso y la circulación de armas de fuego.

“Estamos viendo un proceso preocupante de flexibilización del acceso a armas semiautomáticas, carabinas y subametralladoras, incluso para uso civil, que contradice las políticas de control y prevención que costó décadas consolidar”, señaló Valdés. Y agregó: “Argentina era en 2024 el país con menor tasa de homicidios de Sudamérica, pero el Gobierno está desmantelando los pilares que permitieron ese logro”.

El legislador cuestionó además la decisión oficial de reemplazar la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) -organismo autárquico creado por el Congreso en 2015- por el antiguo Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente directamente del Ministerio de Seguridad. “La pérdida de autarquía implica un control menos independiente y más permeable a decisiones políticas, cuando lo que necesitamos es institucionalidad y prevención, no más armas en la calle”, expresó.

Por último, Valdés advirtió sobre los efectos sociales y culturales de esta desregulación: “Habilitar la circulación de armas de mayor calibre en un mercado con escaso control es una amenaza directa a la seguridad de todos los argentinos. El Estado no puede fomentar la lógica de que cualquiera se arma para protegerse: eso sólo nos conduce a una sociedad más violenta y más injusta”.

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