Un proyecto de ley presentado recientemente en la Cámara de Diputados busca establecer un marco legal sólido para la búsqueda de personas desaparecidas, un problema que afecta a miles de familias argentinas, muchas de las cuales viven años sin conocer el paradero de sus seres queridos y si tampoco saber realmente si el Estado los está buscando.
Actualmente, no existe una norma que fije protocolos uniformes: cada investigación depende de los recursos y criterios de la jurisdicción donde ocurre la desaparición, y no hay registros confiables sobre cuántos argentinos se encuentran en esta situación.
La iniciativa del diputado Carlos Cisneros establece que toda persona desaparecida debe ser registrada “de forma inmediata y sin dilaciones” hasta determinar con certeza su destino.
Además, fortalece el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu); le da rango de ley y propone la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Personas con Identidad Desconocida, junto con una Base Nacional de Datos Genéticos y un Consejo Federal de Búsqueda para coordinar instituciones a nivel nacional.
“El objetivo es que las familias no vivan años con la incertidumbre sobre qué pasó con su ser querido. Esta norma establece obligaciones concretas del Estado y garantiza un abordaje con perspectiva de derechos humanos y de género”, sostuvo Cisneros.
El proyecto se basa en investigaciones que estiman unas 10.000 personas desaparecidas en el país, y toma en cuenta experiencias emblemáticas como los casos de Sofía Herrera y Marita Verón.
Organismos y especialistas consideran que la ley permitiría institucionalizar lecciones aprendidas y evitar respuestas reactivas ante casos puntuales, asegurando búsquedas sistemáticas y coordinadas.
La propuesta aguarda tratamiento en comisiones de Derechos Humanos, Justicia, Seguridad Interior y Presupuesto, buscando consenso político para transformarse en una política de Estado.
