En la Cámara de Diputados ingresó un proyecto que propone crear por ley el Programa Nacional de Patrocinio Jurídico y Acompañamiento Interdisciplinario para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual, bajo la órbita del Ministerio de Justicia. El objetivo es garantizar el derecho humano de acceso a la justicia mediante patrocinio jurídico gratuito, especializado e integral, desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo.
La iniciativa establece que el programa brindará patrocinio y asesoramiento jurídico gratuito en todo el país, además de atención interdisciplinaria con enfoque de derechos humanos, género, diversidad e inclusión. También prevé la coordinación con organismos judiciales y administrativos, la celebración de convenios con colegios profesionales y organizaciones civiles, y la capacitación obligatoria para operadores judiciales, de salud y educación.
Entre sus principios rectores se destacan el interés superior del niño, igualdad y no discriminación, perspectiva de género, accesibilidad universal y confidencialidad. El proyecto incluye la obligación de capacitar en materia de abuso sexual infantil y Educación Sexual Integral (ESI) a todo el personal involucrado.
Los gastos se imputarán al presupuesto del Ministerio de Justicia, con posibilidad de convenios de cooperación con organismos internacionales. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo de 120 días.
Fundamentos
Los autores explican que la propuesta responde a la necesidad de restituir una política pública desmantelada: el programa PatrocinAR, creado en 2022, que dejó de incorporar nuevos casos tras el despido de equipos interdisciplinarios. Según informes oficiales, el programa había logrado federalizar el patrocinio jurídico gratuito, pasando de 13 a 21 provincias más CABA, y mantener 172 causas activas con resultados favorables.
El texto subraya que el abuso sexual infantil es una grave violación a los derechos humanos, que ocurre mayormente en ámbitos intrafamiliares y sigue siendo un delito subregistrado. Por ello, se plantea una respuesta integral que trascienda la sanción penal, articulando justicia, salud, educación y protección social.
El proyecto se apoya en un corpus normativo amplio, que incluye la Convención sobre los Derechos del Niño, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y leyes nacionales como la 26.061 (Protección Integral de la Niñez), 26.485 (Violencia contra las Mujeres), 26.150 (ESI) y 27.372 (Derechos de las Víctimas).
“Otorgar fuerza de ley al Programa Integral contra el Abuso Sexual Infantil es una necesidad impostergable para garantizar la permanencia, institucionalidad y eficacia de una política pública que demostró resultados”, concluyen los fundamentos.
Firmaron el proyecto los diputados de UP Rodolfo Tailhade, Luana Volnovich, Magalí Mastaler, Natalia Zaracho, Mónica Macha, Gabriela Estévez, Vanesa Siley, Matías Molle, Jorge Neri Araujo Hernández, Blanca Inés Osuna, Carlos Daniel Castagneto, Sergio Omar Palazzo, Leila Susana Chaher, Ricardo Daniel Daives y Luciana Potenza.
