Organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico instan a que, ante las vacantes existentes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCBA), se priorice la designación de mujeres para integrar el máximo tribunal provincial.
El pedido se fundamenta en la necesidad de “garantizar la paridad de género en los espacios de toma de decisiones del Poder Judicial y de corregir una deuda histórica de subrepresentación de mujeres”.
Actualmente, la SCBA está conformada solo por tres integrantes (dos varones y una mujer), pese a que su composición debería ser de siete. La Corte bonaerense funciona en esta situación desde hace varios meses, lo que abre una oportunidad ineludible para avanzar hacia una integración más igualitaria.
“En las últimas semanas, distintos medios de comunicación han informado sobre el inicio de conversaciones políticas para alcanzar acuerdos respecto de quiénes podrían ser las futuras candidaturas al máximo tribunal. En este contexto, resulta fundamental que el proceso de designación contemple la paridad de género”, puntualizaron Amnistía Internacional Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Campaña GQUAL y ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
En 150 años de historia, solo una mujer ha sido designada jueza del tribunal —la magistrada que ocupa actualmente el cargo—, lo que evidencia un déficit democrático y de legitimidad, una desigualdad estructural persistente y el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de igualdad de género.
En ese sentido, la Recomendación General Nº 40 (RG40) relativa a la representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los sistemas de toma de decisiones, adoptada en 2024 por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), establece que los Estados deben asegurar una participación paritaria (50/50) de las mujeres en todos los sistemas de toma de decisión, incluido el poder judicial en todos sus niveles. La Argentina, como Estado parte de la CEDAW con jerarquía constitucional, tiene la obligación jurídica de adoptar medidas legislativas, administrativas y de política pública para garantizar ese estándar.
“Tras un siglo y medio de representación casi exclusivamente masculina, la provincia de Buenos Aires tiene hoy una oportunidad histórica para cumplir con estos compromisos”, sumaron también el Programa de Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA, Red de Mujeres para la Justicia y Programa de Políticas para la igualdad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.
En igual tono, indicaron que “no designar mujeres para estas vacantes significaría perpetuar la exclusión estructural e incumplir obligaciones internacionales”.
Para fortalecer la legitimidad de la Suprema Corte de la Justicia bonaerense y evitar la discriminación que implicaría la postulación de candidatos varones a un tribunal que solo tuvo una jueza mujer en su historia, las organizaciones firmantes han solicitado al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que “al momento de publicar la lista de candidatos/as, postule mujeres con reconocida trayectoria, idoneidad técnica, independencia e integridad, comprometidas con los valores de la democracia, los derechos humanos y la igualdad; asegure la nominación de al menos tres mujeres e incorpore al Decreto 735/04 que estipula el procedimiento para la postulación de candidaturas, criterios para la adecuada valoración de su idoneidad técnica y jurídica, trayectoria y compromisos con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, y que permitan reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional”.
“Garantizar una integración paritaria en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires constituye una oportunidad decisiva para fortalecer la legitimidad democrática del Poder Judicial y alinearlo con los estándares constitucionales e internacionales de igualdad que la Argentina ha asumido. Cubrir las vacantes con mujeres altamente calificadas enviaría una señal clara de compromiso con la igualdad de las mujeres y con una justicia más representativa, legítima y acorde con las demandas de una ciudadanía que exige instituciones inclusivas, transparentes e igualitarias”, reflexionaron.
Finalmente, pusieron de relieve que “esta necesidad se inscribe en un contexto nacional más amplio: la Corte Suprema de Justicia de la Nación atraviesa también un proceso de vacancias y una histórica subrepresentación de mujeres en su integración. Frente a la posibilidad simultánea de renovaciones tanto en el máximo tribunal nacional como en el provincial, el país tiene ante sí una oportunidad única para corregir desigualdades estructurales y avanzar hacia una configuración del Poder Judicial que refleje la diversidad de la sociedad argentina”.
“Apostar por la paridad en los más altos órganos de justicia no sólo es una cuestión de equidad, sino un paso indispensable para fortalecer la legitimidad democrática y la confianza pública en las instituciones”, sentenciaron.
