La diputada de Somos Buenos Aires, Nazarena Mesías, giró en las últimas horas a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear un Registro único de Operadores de Telefonía Móvil (RUOTEM), con el objetivo de desalentar el hurto o robo de celulares a través de la desarticulación del mercado ilegal de los equipos.
“El robo de celulares es una de las principales causas de robos a mano armada en la vía pública, afectando directamente la seguridad de los ciudadanos y alimentando una economía ilegal que evade impuestos, no genera empleo formal y perjudica a los comerciantes que operan dentro de la ley”, señaló la legisladora.
En esa línea, Mesías advirtió que la ausencia de control estricto en el mercado de equipos usados y repuestos facilita que los delincuentes obtengan un beneficio económico rápido, perpetuando así el ciclo delictivo.
Por ello, la legisladora oriunda de Lanús propuso crear un registro donde deban inscribirse de manera obligatoria todos los comercios que se dediquen a la venta, permuta, reparación o cualquiera otra forma de comercialización de celulares.
Así, los comercios inscriptos en el RUOTEM deberán exigir al comprador del equipo, ya sea nuevo y usado, la presentación de su DNI para registrar el número de Identidad Internacional del Equipo Móvil (IMEI) y asociarlo al del comprador en un registro digital o físico.
Además, Mesías contempla que, en caso de reparación, el comerciante deberá exigir al cliente una acreditación de la propiedad del equipo. “Si un celular robado no puede ser utilizado ni revendido, deja de ser un objeto atractivo para el robo”, argumentó en los considerandos de la iniciativa la legisladora.
El texto dispone también el eventual secuestro de todo equipo que se encuentre en un comercio y figure en la base de datos de IMEI robado, o de aquel cuya procedencia no pueda ser debidamente acreditada con documentación legal, así como sanciones económicas para quienes pretendan comerciar celulares no registrados.
“La falta de regulación en la compra y venta de celulares usados es la principal puerta de entrada para la comercialización de equipos robados. Al obligar a los comercios a registrar cada transacción, se los responsabiliza de la legalidad de los productos que venden”, amplió Mesías.
De esta forma, al formalizar el mercado de compra y venta de equipos, se protege a los comerciantes y se les ofrece un marco de seguridad jurídica. “Esto genera un impacto positivo en la economía, fomentando la formalidad y la competencia leal”, aseguró Mesías.
“A diferencia de propuestas que se enfocan solo en la represión, buscamos abordar el problema de manera integral, atacando tanto la oferta (al impedir la venta ilegal) como la demanda (al concientizar al consumidor)”, concluyó Mesias.
