Un grupo de diputados de la Unión Cívica Radical encabezados por los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay presentó en la Cámara baja un proyecto de ley para regular la eutanasia en Argentina, con el objetivo de reconocer el derecho de toda persona a decidir el modo y momento de su muerte cuando atraviese sufrimientos físicos o psíquicos intolerables derivados de una enfermedad grave, crónica e irreversible.
La propuesta establece que cualquier ciudadano mayor de edad, plenamente capaz, podrá solicitar la “prestación de ayuda para morir” bajo estrictos requisitos: padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico y limitante, presentar dos solicitudes voluntarias y por escrito con una separación mínima de quince días, y otorgar consentimiento informado. La voluntad del paciente será siempre revocable.
El texto define la eutanasia como el procedimiento realizado por un médico, tras seguir el protocolo previsto, para provocar la muerte de la persona que lo solicita de manera fehaciente. Además, contempla la posibilidad de directivas médicas anticipadas y reconoce la capacidad de decisión de los mayores de 16 años.
Entre las garantías, el proyecto incluye el derecho del paciente a recibir información clara, trato digno, privacidad y confidencialidad, así como la obligación del personal de salud de respetar la autonomía de la voluntad. También prevé la creación de Comisiones Médicas de Asistencia y Evaluación en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, con carácter multidisciplinar, encargadas de revisar las solicitudes y controlar el cumplimiento de los requisitos.
En cuanto a la práctica, la ley establece que la prestación deberá realizarse en un plazo máximo de diez días desde la autorización, pudiendo ser mediante administración directa por el médico o autoadministración por el paciente, con acompañamiento profesional. La muerte será considerada legalmente como “natural”.
El proyecto incorpora modificaciones al Código Penal para excluir de responsabilidad a los profesionales que actúen conforme a la ley y sancionar con prisión e inhabilitación a quienes obstaculicen injustificadamente la práctica. Además, garantiza la cobertura integral en el sistema público, obras sociales y prepagas, y reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales, con la obligación de derivar al paciente sin demoras.
En los fundamentos, los autores —Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Fabio Quetglas y Martín Tetaz— sostienen que la iniciativa se enmarca en los principios de autonomía y dignidad consagrados por las leyes de Derechos del Paciente y Muerte Digna, y se inspira en experiencias internacionales como las de Uruguay, España y Canadá. “Garantizar este derecho no implica promover la muerte, sino humanizar el final de la vida y permitir un buen morir”, afirman.
