Las universidades públicas continúan con el plan de lucha contra el ajuste del gobierno de Javier Milei, que se niega a implementar la Ley de Financiamiento que sancionó el Congreso de la Nación con el argumento de que el proyecto no dice de dónde sacar los recursos. Ahora, habrá un nuevo paro nacional desde el lunes 1 hasta el 6 de diciembre, organizado por una de las federaciones docentes.
Tras un plenario de Secretarías Generales, la Conadu Histórica resolvió convocar a una semana de paro docente universitario y preuniversitario del 1 al 6 de diciembre. En un comunicado, indicaron que el reclamo es por la efectiva implementación de la ley, por la urgente convocatoria a la paritaria y por un presupuesto 2026 que contemple, como base, los recursos previstos por la norma sancionada meses atrás.
Agregaron que la actualización correspondiente implicaría otorgar un incremento del 40,25 por ciento sobre los básicos de julio de 2025. “Frente a esta deuda reconocida e ilegalmente suspendida, con salarios prácticamente congelados, con recomposiciones impuestas por debajo de la línea de la pobreza y el paquete de reformas, incluida, la educativa”, la Federación votó por el paro de una semana.
La Ley de Financiamiento Universitario, que las dos cámaras ratificaron tras el veto del presidente, establece el llamado a paritarias para recomponer los salarios de docentes y no docentes en base a la inflación, la actualización de los gatos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. También fija un esquema de financiamiento progresivo, que va del 1 por ciento del PBI en 2026 hasta el 1,5 por ciento en 2031.
El reclamo no es solo de los gremios docentes y no docentes, sino que engloba a toda la comunidad educativa. Semanas atrás, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le exigió al Poder Ejecutivo que ejecute la ley porque ”la situación salarial de las y los trabajadores de la educación superior y presupuestaria del sistema universitario es cada vez más grave”.
Frente a esta problemática, es necesaria la ley, “una respuesta responsable que garantiza la protección, el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y no docentes”, indicaron el CIN.
