El Gobierno sufrió un revés judicial ante la decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien ordenó la “inmediata aplicación” de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue vetada, luego insistida por el Congreso y promulgada pero “en suspenso” para su ejecución.
El magistrado hizo lugar a un amparo colectivo presentado por familiares de personas con discapacidad contra el Estado Nacional y la Presidencia de la Nación. Ante la medida, el Poder Ejecutivo todavía puede apelar.
En el fallo, González Charvay declaró la invalidez del artículo 2 del decreto 681/25, por el cual el Gobierno le pidió al Congreso que “en virtud de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 24.629” incluya “las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley”, cuando en realidad la norma facultó al jefe de Gabinete a reasignar partidas para su implementación.
A su vez, el juez federal destacó la gravedad del escenario que enfrentan las personas con discapacidad, en particular niños y adultos mayores, y remarcó la necesidad de brindarles una protección reforzada. También hizo referencia a la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció el derecho autónomo al cuidado y la obligación del Estado de garantizarlo.
Asimismo, desestimó los argumentos del Poder Ejecutivo Nacional sobre supuestos hechos nuevos vinculados al debate presupuestario en el Congreso, al considerarlos ajenos a la cuestión central del caso.
La ley se sancionó el 10 de julio pasado, tras haber sido votada por más de dos tercios de los votos en ambas cámaras, misma mayoría que después del veto presidencial ratificó la norma. Obligado constitucionalmente a promulgarla, el PEN publicó el decreto el 22 de septiembre, pero bajo esa condición, de modo que no la aplicó.
El amparo colectivo presentado tuvo el aval de la Asociación Civil Colectivo 3 de diciembre; de la Asociación Civil Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social; de la Asociación Civil Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos; de la FAICA; de la CAIDIS; de la AIEPESA; y de la ATAECaDis, entre varias más.
El principal argumento de las prestadoras y los familiares de las personas con discapacidad fue que la inflación acumulada fue del 114,6% entre diciembre de 2023 -cuando asumió el nuevo gobierno- y mayo de 2025, pero los aranceles de prestaciones se actualizaron en un 42,6%, dejando una pérdida del 51,5% del poder adquisitivo.
Justamente, este jueves por la tarde centenares de profesionales y familiares de las personas con discapacidad se concentraron en Plaza de Mayo en reclamo por la ejecución presupuestaria de la Ley insistida. También estuvieron los trabajadores del Hospital Garrahan, que, de la misma manera, reclamaron por la ejecución de Ley de Emergencia Sanitaria -también insistida por el Congreso de la Nación-.
