En las últimas horas entró al Senado de la Provincia un proyecto del platense Marcelo Leguizamón con el que busca la obligatoriedad de los test de alcoholemia y sustancias psicoactivas a todos los choferes de micros en el momento previo a comenzar un viaje y de forma sorpresiva y aleatoria durante la jornada de conducción.
La normativa alcanza a los conductores de vehículos de transporte automotor de pasajeros de larga distancia que operen en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, “como medida preventiva y de garantía de la seguridad vial”. Asimismo, designa al Ministerio de Transporte como autoridad de aplicación, el cual estará facultado a “realizar inspecciones y auditorías en las empresas y terminales para verificar el cumplimiento del Registro de control preventivo de conductores; efectuar controles sorpresivos e in-situ a los conductores; y dictar las normas reglamentarias, de homologación de dispositivos y de procedimiento necesarias para la plena aplicación de esta Ley”.
La iniciativa, apuntada principalmente a las empresas, prevé sanciones ante el incumplimiento, que van desde multas “de alto valor pecuniario” (progresivas y acumulativas), hasta suspensión o revocación de las licencias para operar en territorio bonaerense.
En los fundamentos del proyecto de Ley, Leguizamón plantea la necesidad de “garantizar, de manera efectiva y concreta, el derecho a la seguridad y a la vida de los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires, tanto de aquellos que utilizan el servicio de transporte público de larga distancia como de quienes transitan por las rutas de nuestro territorio”. Asimismo, el senador del PRO asegura que “la naturaleza intrínseca del transporte de larga distancia conlleva la gestión de un riesgo significativo, dado que las velocidades desarrolladas, las grandes distancias a recorrer y la cantidad de vidas humanas transportadas exigen una aptitud psicofísica impecable por parte de quien conduce”.
“En este contexto -continúa- cualquier alteración de la lucidez o los reflejos del conductor, producto del consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, transforma al vehículo en una amenaza potencial de consecuencias catastróficas”. Por otra parte, el texto aclara que “establecer la obligatoriedad de los controles de alcoholemia y detección de sustancias previo a la toma del servicio no debe interpretarse como una medida punitiva, sino como una acción de salud pública y de prevención activa”.
