Así lo afirmó el Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello, al exponer en el encuentro “Ajuste Fiscal, Derechos y Desigualdades Territoriales en Argentina“, organizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Martello, quien dirige el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría, expuso en el segundo bloque sobre el “ajuste silencioso” que sufre la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR).
El Defensor Adjunto destacó que este desfinanciamiento crítico socavó la capacidad del Estado para garantizar la asistencia. En ese contexto, el análisis de Martello sobre el Proyecto de Presupuesto 2026 de la Nación reveló datos contundentes:
-Pérdida Real Global: el presupuesto total de SEDRONAR sufrió una pérdida de valor real estimada del 25,3% respecto a lo que se requeriría para compensar la inflación acumulada.
-Caída en Becas Directas: el financiamiento para becas de tratamiento (ayuda directa) cayó en términos nominales un 11,04%, pasando de $8.689 millones en 2023 a $7.730 millones proyectados para 2026.
Martello, hizo hincapié en la pérdida de prioridad de la política de adicciones en el conjunto de las cuentas nacionales, evidenciada en la caída de su incidencia sobre el Presupuesto Total APN (Administración Pública Nacional):
-Incidencia Presupuestaria: la porción asignada a SEDRONAR se redujo de $0,049% en 2023 a $0,046% en 2026, confirmando la desjerarquización del área.
-Programas críticos afectados: el efecto de la inflación generó pérdidas reales devastadoras en programas esenciales:
-Actividades Centrales: Perdió 44,1% de su poder adquisitivo real, comprometiendo la capacidad operativa de la Secretaría.Prevención, Estadísticas: perdió 34,8% de su poder real, impactando en las estrategias de investigación y prevención.
“El desfinanciamiento se traduce en una crisis operativa y un costo humano incalculable. Vimos cómo el número de comunidades terapéuticas conveniadas se redujo, generando largas listas de espera y demoras en los pagos, lo que obligó a los gobiernos locales a actuar como ‘escudos sociales’ para compensar la retirada del Estado nacional,” afirmó Martello durante su exposición.
Finalmente, el Defensor Adjunto señaló que la situación se agrava tras la implementación del DNU 575, que limitó drásticamente la fuente de recursos proveniente del decomiso por narcotráfico. Martello destacó que, al destinar solo el 5% de esos fondos a prevención y rehabilitación (y el 95% a áreas de seguridad y justicia), se priorizó el enfoque punitivo sobre la inversión sanitaria y social.
