La Corte Suprema de Justicia dejó firme la destitución por mal desempeño del juez de Paz de la ciudad entrerriana de Gualeguay Sebastián Eduardo Salem, acusado de ejercer violencia, maltrato y hostigamiento contra dos empleadas del juzgado.
La decisión fue adoptada por el ministro Horacio Rosatti y por sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el planteo de la defensa del magistrado y ratificaron que en los casos de juicio político el máximo tribunal solo puede intervenir ante una violación acreditada del debido proceso.
Las denuncias contra Salem se iniciaron en 2019, cuando la secretaria del juzgado lo acusó de hostigamiento y maltrato, y continuaron en 2020 con una presentación similar de una escribiente. Ambas señalaron situaciones de violencia de género en el ámbito laboral y conductas descalificadoras vinculadas al ejercicio del poder jerárquico.
Ante esos hechos, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos suspendió al magistrado y ordenó la realización de un jury de enjuiciamiento, que concluyó con su destitución por mayoría, decisión que luego fue confirmada por el propio tribunal provincial.
Salem recurrió a la Corte Suprema para revertir esa resolución, pero el máximo tribunal desestimó la queja. Rosatti sostuvo que la defensa no logró demostrar “un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio” que habilitara la intervención federal.
En el mismo sentido, Rosenkrantz y Lorenzetti afirmaron que, ante la ausencia de una transgresión grave al debido proceso, no existía materia federal que permitiera revisar lo resuelto por las autoridades provinciales, por lo que la destitución quedó firme.
