El Poder Ejecutivo bonaerense oficializó la sanción de la Ley N° 15.563 por parte de la Legislatura, que introdujo modificaciones clave en el régimen de la Caja de Previsión Social para Abogados. Los cambios poseen efectos directos en el financiamiento del sistema previsional profesional y con definiciones orientadas a reforzar los controles sobre la conducción del organismo.
La norma, publicada en el Boletín Oficial, consolida el esquema de ingresos de la Caja al ratificar los aportes sobre honorarios profesionales, la cuota anual obligatoria y la contribución del 5% sobre la Tasa de Justicia, que continuará siendo una de las principales fuentes de financiamiento. Sin embargo, el aspecto más relevante es la restricción expresa sobre el destino de esos fondos, que deberán aplicarse exclusivamente al pago de prestaciones y no podrán utilizarse para viáticos, gastos operativos o administrativos, una medida que apunta a preservar el equilibrio financiero del sistema y garantizar el uso previsional de los recursos.
En paralelo, la ley establece un tope a las erogaciones del Directorio, al fijar que los viáticos, gastos de representación u otras sumas mensuales no podrán superar el monto de un haber jubilatorio mínimo. Esta decisión introduce un límite concreto al costo político y económico de la conducción de la Caja y responde a reclamos históricos de sectores de la matrícula que cuestionaban el nivel de gastos asociados a los cargos directivos.
La iniciativa fue impulsada el jefe de bloque de Unión por la Patria, Facundo Tiganelli, y se aprobó cuando se votaron los proyectos de endeudamiento y reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia, también se dio el visto bueno a esta propuesta en el Senado, por más de dos tercios de los votos, es decir que contó con el aval de la oposición.
“No la pagan los abogados, la pagan los bonaerenses la sobretasa. La Caja no es lo mismo que el Colegio. La Caja tiene la responsabilidad de administrar los fondos y dar cumplimiento a la cuestión de la previsión social. La Caja no solo administra los fondos de jubilaciones y pensiones, sino que también administra la obra social. La ley se modifica porque cumplió el objetivo para el que fue planteada”, dijo el diputado camporista.
En su argumentación, llamó a “ver los números” y se preguntó “qué sistema quiebra por un recorte del 2,84 por ciento”, en referencia al peso que tenía la tasa cuando el proyecto se trató por primera vez. No obstante, el proyecto generó rechazo tanto de la Caja como del Colegio de Abogados.
La modificación de los requisitos para integrar el Directorio habilita la participación de abogados jubilados, amplía el universo de posibles candidatos y redefine el equilibrio interno del organismo. Al mismo tiempo, se ratifica el carácter de carga pública del cargo y se refuerza el régimen de incompatibilidades, en una señal que busca acotar la superposición de funciones y los conflictos de interés con colegios profesionales y órganos disciplinarios.
La nueva normativa también fortalece el rol del Directorio en la definición de la cuota anual obligatoria, al facultarlo a establecer montos diferenciados según edad, antigüedad del título y valuaciones actuariales, lo que abre un debate político entre los distintos sectores de la abogacía sobre el peso contributivo y la sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo.
Con este esquema, la Ley N° 15.563 se inscribe en una estrategia de ordenamiento financiero y control institucional de la Caja de Previsión Social para Abogados, en un contexto de tensión entre la necesidad de garantizar prestaciones previsionales y las demandas de mayor transparencia y austeridad en la administración de los recursos.
