El video que se viralizó en redes sociales fue grabado en el “Centro Educativo, Cultural y Deportivo Padre Severiano”, en General Vedia, a casi 90 kilómetros de Resistencia. En él, se ve a decenas de niños y adolescentes del pueblo wichí, sentados en el piso, escuchando con atención mientras un docente lee una carta enviada por el juez Civil y Comercial 21 de Resistencia, Julián Flores. No era un texto cualquiera: era la explicación de un fallo que les garantizaba seguir viviendo, estudiando y siendo cuidados en ese lugar.
“Queridos niños y adolescentes de la comunidad wichí, queridos educadores de la fundación, queremos hablarles con palabras simples, mirándolos a los ojos”, comenzaba la misiva leída en la Unidad Educativa de Gestión Privada 144. En ella, el magistrado explicó que la sentencia había sido dictada pensando en su vida cotidiana, en lo que sienten y en los esfuerzos que realizan todos los días para aprender y salir adelante.
Remarcó que el tribunal entendió que la institución no es solo una escuela, sino también un espacio donde comen, descansan, reciben contención y acompañamiento “cuando las cosas se ponen difíciles”. Por eso, la decisión fue clara: la institución debía seguir abierta, el Estado debía cumplir con su responsabilidad y nadie podía decidir sobre sus vidas sin escucharlos.
Dicho en términos más técnicos: el fallo de Flores hizo lugar a una acción de amparo presentada por la Fundación Valdocco y dejó sin efecto las resoluciones del Ministerio de Educación del Chaco que habían ordenado la clausura del establecimiento y la suspensión de los aportes estatales. También dispuso la inmediata restitución del financiamiento para garantizar la continuidad de la institución, que alberga a unos 50 niños y adolescentes wichí.
El conflicto se originó cuando el gobierno chaqueño decidió retener más de 177 millones de pesos destinados a salarios y gastos de funcionamiento y avanzó con un proceso de cierre por supuestas irregularidades administrativas. Entre los argumentos oficiales se mencionaron docentes que cobrarían haberes en Chaco y Santa Cruz, falta de balances y presuntas inconsistencias en la documentación de alumnos. Incluso se presentó una denuncia penal por supuesta defraudación al Estado. “Es inadmisible pagar algo que no existe”, sostuvo en su momento la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, quien reconoció que fue Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, la que le informó de esta anomalía.
Sin embargo, el juez Flores dejó de lado la discusión administrativa y puso el foco en el impacto social de la medida. Sostuvo que el Estado incumplió con la obligación de realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, tal como establece el Convenio 169 de la OIT, y advirtió que cerrar una institución de cuidado sin ofrecer una alternativa real implica una regresión de derechos. Definió a la institución como un “dispositivo comunitario integral” que brinda educación, alojamiento, alimentación y atención sanitaria a niños que no encuentran respuesta en el sistema común.
En su sentencia, el magistrado formuló una pregunta incómoda: qué destino tendrían esos chicos si la fundación cerrara sus puertas. “¿A dónde irán? ¿Quién garantizará de manera inmediata su alojamiento y su alimentación cotidiana?”, se interrogó, para concluir que “no hay justicia posible allí donde la decisión estatal incrementa el sufrimiento evitable de los más vulnerables”.
La resolución ya fue apelada por el gobierno provincial, que la calificó de “arbitraria”, mientras en medios oficialistas se insiste en presentar el caso como el de “docentes truchos”.
“Contundente”
En diálogo con Página/12, el sacerdote salesiano y diputado nacional de Fuerza Patria por Santa Cruz, Juan Carlos Molina, fundador de Valdocco, valoró ampliamente el fallo. Lo definió como “contundente”, destacó la solidez de los fundamentos y ponderó la perspectiva intercultural y de derechos humanos adoptada por el juez.
De estrecha relación con el Papa Francisco y con Cristina Fernández de Kirchner, Molina creó la Fundación Valdocco en 2005. La organización —que toma su nombre del barrio turinense donde Don Bosco inició su obra— trabaja bajo el modelo de Casas Educativas Terapéuticas en distintas localidades: Casa Cañadón y Casa Calafate, ambas en Santa Cruz; Casa Chaco, en General Vedia; y Casa Cabo Haitiano, en Haití.
El referente de Valdocco aseguró que la decisión del juez Flores desarma las acusaciones que se realizaron contra la fundación y que, a su entender, respondieron a una persecución “política y racial”. Indicó que las medidas administrativas del Ministerio de Educación del Chaco comenzaron a gestarse cuando se conoció su candidatura política y que incluyeron la suspensión de la subvención estatal y resoluciones que calificó como “gravísimas” desde el punto de vista institucional. “El objetivo no era cuidar a los chicos, sino cerrar Valdocco”, afirmó.
Molina sostuvo que fue clave la declaración de los alumnos de la institución, quienes brindaron su testimonio ante la Asesoría de Niñez, Adolescencia y Familia 5 de Resistencia, con la asistencia de traductores. Del relevamiento incorporado a la causa surgió que los niños y adolescentes alojados en la institución tienen domicilios lejanos, en su mayoría en la región de El Impenetrable, y que, ante un eventual cierre de Valdocco, el gobierno ni siquiera había previsto su reubicación escolar.
“Los chicos le decían: ‘Yo no quiero volver al monte porque tengo hambre, yo no quiero volver a mi casa porque no tengo cama’. Cuando escucharon a los pibes se dieron cuenta dónde estaba el verdadero problema y por qué estaban viviendo con nosotros”, explicó Molina.
Respecto de las críticas oficiales sobre supuestas irregularidades en el plantel docente, el sacerdote rechazó que existan “ñoquis” y explicó que el trabajo educativo se adapta a la realidad de los chicos, con equipos interdisciplinarios, alfabetizadores especializados y profesionales formados para abordar situaciones de alta complejidad cultural y social. Aclaró además que la fundación rinde cuentas y que los pagos se realizan de manera transparente, como ocurrió hasta el momento en que el Estado dejó de transferir los fondos.
Molina, quien estuvo al frente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) entre 2013 y 2015, también vinculó lo ocurrido en el Chaco con situaciones similares vividas por Valdocco en Santa Cruz, donde, según relató, se repitieron denuncias y maniobras administrativas producto de su posicionamiento político. En ese sentido, aseguró que existe un patrón de hostigamiento que se replica en distintas provincias y que ya fue desmentido en otras oportunidades por la Justicia.
De cara al futuro, Molina advirtió que la continuidad de la obra dependerá de la decisión del gobierno chaqueño. Señaló que la fundación puede sostener la asistencia alimentaria por un tiempo limitado, pero que no puede afrontar el pago de salarios ni reemplazar al Estado en sus obligaciones básicas. “Yo puedo juntar plata para darles de comer, pero no puedo pagar salarios, no puedo pagar docentes. Hoy es imposible. Tendremos que repensarnos, en todo caso”, evaluó.
