La comunidad educativa de la Educación Técnico Profesional (ETP) llevó su reclamo a los tribunales. Esta semana un grupo de padres y alumnos presentó una medida cautelar para que la Justicia declare la inconstitucionalidad del Artículo 30 del Presupuesto 2026, una pieza clave de la ley anual que elimina los pisos mínimos de financiamiento para el sector.
Según los demandantes, el recorte impulsado por la gestión de Javier Milei es drástico: el financiamiento para 2026 representa apenas un 7% de los valores equivalentes a 2023, lo que implica una caída real del 93%.
Los 3 ejes del reclamo judicial
La presentación ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Tributario N° 11 se basa en argumentos que cuestionan la legalidad técnica de la medida:
- Jerarquía de Leyes: Sostienen que una ley anual (Presupuesto) no puede derogar leyes permanentes (como la Ley de Educación Técnico Profesional) que garantizan derechos estructurales.
- Principio de No Regresión: La Constitución Nacional prohíbe que el Estado quite derechos sociales ya conquistados. Eliminar los pisos de inversión se considera una «decisión regresiva explícita».
- Discriminación: La cautelar advierte que el desfinanciamiento torna a la educación técnica en un servicio «selectivo por ingresos», donde solo quienes puedan pagar formación privada tendrán acceso a herramientas profesionales.
«El daño será irreversible»
El amparo subraya un concepto clave para la urgencia de la cautelar: la educación no se puede «pausar». «Las trayectorias educativas dañadas hoy no se recuperan con una sentencia dentro de tres años», advirtieron los impulsores de la demanda.
Para los especialistas, el ataque al Artículo 30 no es solo una cuestión de ahorro fiscal, sino un cambio de paradigma que pone en riesgo la producción nacional, al desmantelar la formación de los futuros técnicos del país.
