La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) se declaró en estado de alerta y movilización luego de que el Gobierno nacional admitiera que evalúa la posibilidad de pasar cinco hospitales de alta complejidad (SAMIC) bonaerenses a un modelo de gestión privada.
Aludiendo a una deuda millonaria que el Ejecutivo adjudica a la provincia de Buenos Aires, la Nación analiza implementar lo que se conoce como el “sistema español” en cinco hospitales: El Cruce, de Florencio Varela; Cuenca Alta, de Cañuelas; Dr. René Favaloro, de Rafael Castillo; Presidente Néstor Kirchner, de Gregorio de Laferrere y Del Bicentenario, ubicado en Esteban Echeverría.
Desde la gestión Milei aseguran que el esquema de gestión privada garantiza la atención de población vulnerable a través de cápitas, un modelo que implica la concesión de cupos, con un tope máximo.
Al respecto, FESINTRAS expresó su “profunda preocupación” por el proyecto, advirtiendo que “la salud no es un negocio, es un derecho humano fundamental y como tal debe ser preservado por el Estado”.
En tal sentido, sostienen que el modelo que estudian los libertarios “representa una seria amenaza al carácter público, estatal e integral del sistema de salud”, y consideraron que éste representa el derecho de la población “a una atención universal y de calidad”.
“Los hospitales SAMIC cumplen un rol estratégico dentro de la red sanitaria nacional y provincial, garantizando el acceso a la salud de millones de personas y constituyéndose, en muchos territorios, en centros de referencia de alta complejidad. Cualquier intento de privatización o gerenciamiento privado, aun bajo el argumento de garantizar la atención de la población vulnerable, implica un cambio de paradigma que subordina la salud al lucro, fragmenta el sistema y pone en riesgo tanto las condiciones laborales de las y los trabajadores como la continuidad y calidad de las prestaciones”, expresaron.
Además, consideraron que “esta avanzada privatizadora se inscribe en una política sostenida de desfinanciamiento y vaciamiento de los hospitales públicos, que en el caso de los SAMIC resulta particularmente grave debido a su gran dependencia del financiamiento nacional”.
“El impacto de estas políticas ya se expresa con crudeza en el funcionamiento cotidiano de estas instituciones. Un ejemplo de ello es la situación que atraviesan las y los trabajadores del Hospital El Cruce de Florencio Varela, quienes vienen desarrollando diversas acciones para visibilizar una realidad económica crítica que obliga a gran parte del personal a sostener múltiples empleos o emprendimientos para poder llegar a fin de mes”, añadieron.
Finalmente, expresaron que “la asfixia económica y financiera que impone el Gobierno de Milei, que mantiene una deuda de aproximadamente 14,7 billones de pesos con la Provincia de Buenos Aires, no puede resolverse trasladando las consecuencias a los hospitales, a sus equipos de salud ni a la comunidad. Exigimos que el Gobierno Nacional cumpla con sus obligaciones financieras y adopte políticas orientadas a fortalecer —y no a desmantelar— el sistema público de salud”.
