En plena feria judicial y tras más de cuatro meses de incumplimientos, la Justicia federal le puso un límite al Gobierno de Javier Milei: la Ley de Emergencia en Discapacidad debe estar en plena ejecución el próximo 4 de febrero, bajo apercibimiento de multas diarias a funcionarios nacionales y eventuales acciones penales por desobediencia.
La orden fue dictada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien intimó al Poder Ejecutivo a implementar de manera integral una norma que ya fue aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación.
La resolución judicial fija un plazo máximo de diez días hábiles para que el Estado nacional ponga en funcionamiento la totalidad del entramado administrativo y financiero que exige la ley.
Además, obliga al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad a informar en cinco días el estado concreto de los trámites, con documentación respaldatoria, bajo amenaza de sanciones. Entre los funcionarios alcanzados por el apercibimiento figuran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
“Ya no hay margen para dilaciones”, remarcan desde las organizaciones que impulsaron el amparo judicial. “El 4 de febrero la ley tiene que estar funcionando al cien por ciento. Pasaron más de 130 días desde su entrada en vigencia y el Gobierno no cumplió”, sostuvo la actriz Lola Berthet, una de las referentes del colectivo. En la misma línea, Valentina Bassi, madre de un adolescente con trastorno del espectro autista, celebró la decisión judicial como una “intimación final” frente a las excusas administrativas y los informes técnicos que el Ejecutivo venía presentando para justificar la inacción.
La sentencia de González Charvay detalla, además, una serie de obligaciones concretas que el Gobierno deberá acreditar: la actualización de aranceles a prestadores desde enero de 2025, un plan de pago de las compensaciones adeudadas, la apertura del plan ARCA para refinanciación de deudas, la fijación de nuevos valores de prestaciones y la reglamentación de la Ley 27.793, que acumula al menos tres meses de retraso.
