La Asociación Argentina de Fiscales (AAF), encabezada por el doctor Marcelo Varona Quintian, emitió un comunicado oficial expresando su más enérgico rechazo ante los hechos de violencia que tuvieron como blanco a dos altos funcionarios judiciales en la provincia de Entre Ríos.
El ataque fue dirigido contra el Fiscal General, doctor José Ignacio Candiotti, y el Juez Federal, doctor Leandro Ríos. Según la entidad, este suceso no es un hecho aislado, sino un golpe directo a las instituciones democráticas.
Un ataque al Estado de Derecho
Desde la AAF fueron contundentes al calificar la gravedad del episodio:
“Condenamos enérgicamente el atentado contra el Fiscal General Dr. José Ignacio Candiotti y el Juez Federal Dr. Leandro Ríos. Estos hechos constituyen ataques graves contra la autonomía e independencia del Ministerio Público y el Estado de Derecho“, sentenció el comunicado.
La preocupación de la asociación radica en que este tipo de amedrentamientos buscan condicionar la labor de quienes investigan delitos complejos, afectando la imparcialidad y seguridad necesaria para el ejercicio de la justicia.
Pedido de medidas urgentes
Ante la gravedad de la situación, la Asociación informó que ya se han tomado cartas en el asunto para garantizar la integridad de los magistrados:
- Protección inmediata: Se solicitaron medidas de seguridad reforzadas para los doctores Candiotti y Ríos, así como para sus núcleos familiares.
- Protocolos de seguridad: La AAF, en conjunto con las asociaciones que integran la Federación, se puso a disposición para colaborar en el fortalecimiento de los protocolos que resguardan a los fiscales en todo el país.
Contexto de tensión judicial
Este pronunciamiento nacional se suma a la reciente reunión mantenida por el Colegio de Magistrados bonaerense donde ya se venía advirtiendo sobre la vulnerabilidad de los funcionarios judiciales y la necesidad de mayores recursos y protección para el desempeño de sus funciones.
La escalada de violencia en el interior del país pone en alerta máxima a todos los departamentos judiciales, incluyendo los del Conurbano, ante posibles réplicas de estas metodologías de amedrentamiento.
