La Sala II de la Cámara Federal rechazó el recurso de casación de la defensa del gendarme Héctor Guerrero, al considerar que no se demostró que la confirmación de su procesamiento violara garantías constitucionales que impliquen una cuestión federal. De esta manera, el cabo queda un paso más cerca de enfrentar un juicio oral.
Cabe recordar que a principio de mes, el propio Pablo Grillo se presentó como querellante y sus representantes legales solicitaron que se profundice la investigación sobre la cadena de mando.
“Vengo a presentarme como querellante particular, en función de la evolución de mi cuadro de salud y que me encuentro en mejores condiciones de asumir y ejercer los derechos que el Código de Procedimiento me reconoce en tanto víctima directa de los delitos cometidos por el Cabo Primero Héctor Jesús Guerrero y demás integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina y Ministerio de Seguridad Nacional que se encuentran bajo investigación”, señaló Grillo en el escrito presentado ante el Juzgado Federal 1.
También aclaró que su presentación no implica el desplazamiento de su mamá, su papá y su hermano de la causa ya que requerirá de su apoyo en prácticamente todos los órdenes de su vida, lo que incluye este proceso penal: “Como la Sra. Jueza sabe, no me encuentro plenamente recuperado por lo que necesito que ellos conserven su lugar de representantes legales”.
En ese mismo escrito, la querella presentó el análisis de elementos que ya son parte de la causa y pidieron que se profundice la investigación sobre distintos jefes de la Gendarmería Nacional, quienes, con sus acciones u omisiones, contribuyeron al accionar de Guerrero. A partir del análisis de estos elementos, se solicitaron nuevas medidas de prueba y se insistió en que se produzcan otras que fueron solicitadas con anterioridad.
En este sentido, la querella recuerda que según el procesamiento, confirmado por la Cámara, Guerrero efectuó al menos seis disparos en ángulo horizontal y en dirección a los manifestantes (algo prohibido por los protocolos y manuales de uso de la pistola lanzagases), poniendo en serio riesgo la vida e integridad física de todos ellos. Un análisis pormenorizado de la resolución de Servini, vinculados a los momentos y modos en que se produjeron estos seis disparos, permiten trazar una línea directa con distintos funcionarios que componen la cadena de mando del operativo: “El disparo que dio en la parte frontal de la cabeza de Pablo fue el cuarto de los seis disparos que se demostró que hizo Guerrero. Esto significa que si los funcionarios que tenían el deber de supervisar y controlar el accionar de los agentes en terreno, hubieran tomado efectiva intervención ante el primero, el segundo o el tercer disparo prohibido de Guerrero, hoy Pablo estaría completamente sano y salvo, y ningún otro manifestante hubiera corrido riesgo de terminar gravemente herido o muerto por el accionar deliberadamente peligroso y abusivo del cabo primero. Los mandos que participaron del Comando Unificado de Fuerzas Federales el 12 de marzo también deben ser investigados penalmente, dado su rol central en la planificación, conducción y habilitación del uso abusivo de la fuerza en contra de los manifestantes”, expresaron las querellas.
“En particular, nos importan las órdenes directas que los superiores jerárquicos dieron a los efectivos a su cargo, orientadas a que realicen conductas contrarias a las leyes, así como la falta de control y supervisión de los usos prohibidos de la pistola lanzagases por parte de Guerrero. Jefes de Grupo: Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes. Ambos estuvieron en las cercanías de Guerrero durante buena parte del operativo y lo vieron efectuar disparos en el ángulo prohibido. Sin embargo, en ningún momento realizaron conducta alguna tendiente a revertir esto: no le llamaron la atención, no le ordenaron que corrija su conducta ni que cese en ella. Por el contrario, tal como se puede ver en los videos, Kozak y Reyes fueron quienes le indicaron a Guerrero que dispare en dirección a los manifestantes. Además, luego de realizado uno de los disparos en ángulo horizontal, Kozak le dió palmadas en la espalda en clara señal de aprobación. Comisario Inspector de la Policía Federal Argentina, Gerardo Ariel Perillo Scampini. También estuvo en el lugar. Según los videos a partir de las 17.12hs, Perillo Scampini se acercó al punto en el que se encontraba desplegada la Gendarmería y se dedicó, todo ese tiempo y hasta después de que Guerrero le disparó a Pablo y que llegó la ambulancia del SAME, a recorrer la zona por la que andaban los efectivos, impartir órdenes en el terreno y emitir comunicaciones a través del sistema de trunking. En muchos tramos, se lo ve dirigirse a personal de la Gendarmería. Cumplía el rol de fiscalizador del operativo, tenía el deber de controlar y/o supervisar el accionar de los efectivos a su cargo, entre quienes se encontraba el Cabo Guerrero. En tercer lugar, resulta indispensable señalar la responsabilidad directa del Jefe del Destacamento Móvil 6, Comandante Principal Néstor Germán López, quien tenía bajo su mando inmediato a los grupos que intervinieron en el operativo. Por otra parte, el Jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios, Alférez D Gonzalo Gabriel Goulart, quien se ocupó de impartir órdenes a los efectivos de la Gendarmería, en particular a Héctor Guerrero y a Daniela Guerrero, las dos únicas personas que tenían asignada pistola lanzagases durante esa jornada. Finalmente, en lo que hace al Director Nacional de la Gendarmería Nacional, Comandante General Claudio Miguel Brilloni, corresponde analizar seriamente la secuencia de imágenes en la que se ve que luego de que Pablo cae herido y llega el SAME, dos gendarmes van corriendo hacia el lado del Congreso y regresan con él al lugar. Sin embargo, la llegada de la mayor autoridad de la fuerza federal lejos de implicar una moderación del accionar represivo desplegado hasta ese momento, coincidió con un recrudecimiento de la violencia por parte del personal a su cargo. En particular, se observa con claridad que el agente Guerrero, luego de haber efectuado el disparo que dejó a Grillo tendido en el suelo con heridas encefalocraneanas de gravedad, y aún sabiendo que este estaba siendo asistido por una ambulancia del SAME, recargó su pistola lanzagases y siguió disparando. Esto evidencia la continuidad y la intensificación de las acciones represivas completamente avaladas no sólo por los jefes de Grupo, el jefe de Destacamento y el jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios sino, ahora también, por el Director General. Ningún superior jerárquico impartió orden de cese ni moderación, sino que, por el contrario, convalidó y legitimó la conducta desplegada por los efectivos hasta ese entonces, a la vez que habilitó su repetición”.
Desde la querella, señalaron que también se pidió que se investigue a la ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y a las tres personas responsables de haber cerrado, sin ningún fundamento, la investigación interna contra Guerrero: el Comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian, el Comandante Mayor Barresi y el asesor jurídico José Carlos Lodolo: “Repasamos las sucesivas veces en que Patricia Bullrich se refirió al caso de Grillo en los medios de comunicación, intentando instalar una versión falsa de lo ocurrido, a pesar de existir una investigación y dos decisiones judiciales que prueban lo contrario. Esto tiene diversas implicancias: para Pablo, su familia y sus amigos escuchar a la mayor responsable de las fuerzas federales de seguridad al momento del hecho decir que las cosas ocurrieron de una manera distinta a la que las evidencias demuestran, genera seria preocupación y angustia, en la medida en que responsabiliza a la víctima por lo que le sucedió y buscaría generar confusión generalizada en torno a la verdad de lo ocurrido. La actitud de Bullrich, sostenida en el tiempo, habla de una funcionaria pública de máxima jerarquía que reclama, insistentemente, un tratamiento distinto para los efectivos a su cargo, responsables de un hecho sumamente violento que afectó la vida de Grillo y su familia para siempre. Además, sus intervenciones no son para nada inocentes: la ex ministra intenta incidir en las valoraciones judiciales por venir”.
“Por otro lado, – continuó la querella – explicamos cómo la definición de una narrativa oficial desplegada en los medios de comunicación masivos pronto se vieron volcados en la investigación sumarial, la que se decidió deliberadamente no llevar a ninguna parte. Esto no pudo haber ocurrido sin el aval ni autorización de Bullrich, lo que se confirma a partir de sus últimas declaraciones públicas: no movió ni moverá al Cabo Guerrero de su puesto porque, para ella, el gendarme actuó bien. Esto, sin perjuicio de que fue indagado, procesado por 6 hechos graves y que ese procesamiento se encuentra confirmado, por lo que su causa encamina hacia un debate oral y público”.
En cuanto a los problemas que la querella advirtió en la investigación interna, se puntualizaron: “La construcción de una narrativa corporativa que repite, testigo a testigo, afirmaciones en torno a una actuación respetuosa de los reglamentos y protocolos y del profesionalismo de su intervención; la desresponsabilización total de los gendarmes, en particular del autor del disparo, y la culpabilización de la víctima; y el cierre casi inmediato de las actuaciones como método para garantizar la impunidad del Cabo Primero Guerrero”.
“Por todo esto es que se torna indispensable que, más allá de la determinación de responsabilidad del autor material, se lleve adelante una investigación profunda y seria que establezca las responsabilidades de los funcionarios detrás del diseño, coordinación, conducción y supervisión del operativo, así como la falta deliberada de investigar a Guerrero y demás responsables en sede administrativa con intentos de instalar una versión falsa de los hechos para procurar su impunidad”, finalizan desde la querella que representa a Pablo Grillo.
