La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió que la iniciativa del gobierno de Javier Milei para reformar el régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad por delitos a 14 años no solucionará ningún problema sino que, al contrario, “producirá más violencia y más inseguridad”, y cuestionó tanto a la Nación como a la Provincia por el funcionamiento actual del sistema de tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley.
En un comunicado, la CPM sentó posición respecto del proyecto oficial y señaló que la reforma propuesta “consagra el fracaso de las políticas de niñez”. Y apuntó a la Justicia, además de a las administraciones nacional y provincial, por el estado de cosas.
“Durante muchos años el debate por la baja de edad de punibilidad y los proyectos que se presentaban carecieron de estudios serios y rigurosos, de datos confiables y análisis complejos sobre un fenómeno que nos preocupa a todos”, afirma la Comisión en su texto. “Advertimos reiteradamente que bajar la edad de responsabilidad penal, juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más pequeños, no resuelve el problema de la inseguridad ni combate o previene el delito.”
En efecto, para la CPM, el proyecto del gobierno mileísta no solucionará nada, sino que agravará la situación.
“Esta reforma consagra el fracaso de las políticas de niñez. No mejorará nada la seguridad de la ciudadanía y, por el contrario, producirá más violencia y más inseguridad”, advirtió el organismo.
“Los menores de 16 años que cometieron homicidios ya son detenidos hoy en la provincia de Buenos Aires a partir de la aplicación de una ‘medida de seguridad’, que los jueces utilizan en estos casos. Y no sólo están detenidos los 25 jóvenes que cometieron homicidios, sino que estuvieron también detenidos otros 225 jóvenes que cometieron delitos de abuso sexual o robo agravado y pasaron por el sistema de encierro. Si el gobierno declama que la solución es la cárcel, estos datos muestran claramente que este proyecto no lo resolverá”, consigna el texto de la CPM.
“Bajar la edad de punibilidad sólo redundará en más detenciones por delitos menos graves; los imputados se alojarán en cárceles juveniles donde está probado que la reeducación y responsabilización no existen: tiempo de aislamiento que supera las 18 horas diarias, deficiente o nulo acceso a la educación o formación laboral, torturas y malos tratos para castigarlos, falta de abordaje con la familia y el entorno de los jóvenes para acompañar su reinserción”, aventura la Comisión.
“Debemos insistir en que los problemas sociales ocasionados por la desigualdad no se resuelven con el sistema penal, menos aun tratándose de niños y niñas con quienes el Estado tiene una especial obligación de proteger derechos y estar presente mediante instituciones que promuevan su ejercicio: hay que fortalecer y dotar de más presupuesto a las escuelas, los centros comunitarios, los dispositivos de salud, los clubes de barrio”, expresa el comunicado. “De más está decir que la reforma atenta contra la Constitución nacional y los pactos internacionales de derechos humanos, como la Convención de Derechos del Niño. Esta ley crea un sistema de persecución juvenil que es más grave que el que se aplica a los adultos y es, a todas luces, inconstitucional.”
