Desde las cámaras que agrupan a establecimientos educativos sostienen que el esquema, tal como está planteado, dejó afuera a muchas instituciones y familias. El principal problema, explican, es que el valor del voucher se calculó sobre una base de aranceles que ya quedó desactualizada.
“El programa es importante, pero se aplicó mal. Se tomó un valor muy antiguo de la base de aranceles y los importes quedaron muy bajos”, señaló el dirigente de colegios privados Martín Zurita, referente de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires.
Según planteó el empresario educativo, la iniciativa podría haber funcionado como un alivio para miles de familias que hacen un esfuerzo para sostener la educación privada de sus hijos. Sin embargo, remarcó que la falta de actualización del monto redujo significativamente su alcance.
Además del valor del beneficio, las entidades cuestionan los criterios de acceso. Actualmente, el programa solo incluye a estudiantes que asisten a instituciones privadas con un nivel de subvención estatal de entre el 75% y el 100%.
Para los representantes del sector, ese requisito dejó afuera a numerosas escuelas que también reciben alumnos de familias de ingresos medios o medios-bajos, particularmente en distritos urbanos con alta matrícula privada, como ocurre en gran parte de la provincia de Buenos Aires.
“Ese criterio debería evaluarse en función del ingreso familiar y no del porcentaje de subsidio que recibe la escuela”, sostuvo Zurita. En esa línea, agregó que el impacto del programa es muy distinto entre el interior del país y la provincia bonaerense, donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes del sistema privado.
La discusión también tiene impacto en ciudades como La Plata, donde una parte importante de la matrícula escolar se distribuye entre instituciones privadas con distintos niveles de subsidio estatal. En ese contexto, varios establecimientos advierten que muchas familias que esperaban acceder al beneficio finalmente quedaron fuera del esquema.
El requisito central es que el ingreso del grupo familiar no supere los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, el estudiante debe tener hasta 18 años y asistir como alumno regular a un colegio privado que cuente con al menos un 75% de aporte estatal.
También se exige que el adulto responsable del alumno sea argentino nativo o naturalizado, o que tenga al menos dos años de residencia legal en el país. Debe contar con DNI vigente y registrar un CBU bancario actualizado para recibir el pago del beneficio en caso de aprobación.
Mientras el Gobierno sostiene que el programa busca acompañar a las familias en el pago de las cuotas, desde el sector educativo privado advierten que, sin actualización de montos ni revisión de los criterios de acceso, el sistema corre riesgo de perder relevancia en los próximos meses.
