La diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó una denuncia penal para que se investigue si hubo irregularidades y conflicto de intereses en el otorgamiento de créditos por parte del Banco de la Nación a funcionarios y legisladores del oficialismo.
En los últimos días se difundió que los funcionarios Juan Pablo Carreira, Pedro Inchauspe, Felipe Nuñez, Federico Furiase, Emiliano Mongilardi, y los diputados libertarios Mario Campero, Lorena Villaverde, y Alejandro Bongiovanni recibieron créditos entre 100 y 500 millones del Banco Nación.
En la presentación a la Justicia, Frade señaló que “en orden a la profusa información pública aparecida en distintos medios gráficos, radiales y televisivos; en relación con miles de créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina, que podrían ser fruto de actividades irregulares y aún delictivas; es que vengo a peticionar se provea impulso de la presente investigación penal”.
Sin embargo, los legisladores Campero, y Bongiovanni rechazaron la acusación y señalaron que no recibieron tratos preferenciales y cumplieron con los requisitos para acceder a ese préstamo.
Frade señaló que acuerdo a la información que surgió Carreira de la Oficina de Respuesta Oficial (ORO) recibió 113 millones, Inchauspe del Banco Central y Núñez del BICE obtuvieron 510 millones de pesos cada uno, y el secretario de Finanzas, Furiase 376 millones de Pesos.
A esa lista se suman los diputados Alejandro Bongiovanni, de 322 millones a Mariano Campero, de 340 millones a Santiago Santurio y de 225 millones de pesos a Lorena Villaverde.
Frade pidoi en su denuncia, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, “librar Oficio al Banco de la Nación Argentina y/u orden de presentación, a fin de obtener los “legajos crediticios” completos de los nombrados en la presente y todo otro funcionario público y/o legislador.
Tambièn “obtener las Actas de Directorio mediante las que se aprobaron las operaciones para con los beneficiarios” y solicitar al cuerpo de peritos contadores de la Justicia Nacional, “ la determinación de existencia o no de perjuicios económicos para el Banco otorgante, de cualquier naturaleza”.
También que el Banco Nación informe “si existieron en el otorgamiento condiciones preferenciales, sea en tasas, plazos o condiciones de acuerdo con la práctica corriente del Banco”.
También pide que se determine si hubo “violación a la Carta Orgánica y manuales de procedimientos para créditos” y si existió “alguna relación jerárquica o, de alguna otra naturaleza entre el otorgante y los beneficiarios”.
