La senadora bonaerense de Fuerza Patria, Ayelén Durán, volvió a ingresar su proyecto para institucionalizar el Archivo Provincial de la Memoria, una iniciativa que busca blindar con un marco normativo a un organismo clave en la preservación, organización y difusión de documentos vinculados al terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires.
En ese sentido, la propuesta que la legisladora bonaerense impulsa desde 2022 apunta básicamente a darle una ley marco al Archivo Provincial de la Memoria, cuyas estructuras y funciones actualmente se desarrollan sin un encuadre legal específico. De esta forma, se garantizaría la continuidad de una entidad que fue creada vía decreto y que actualmente está desprotegida en caso de que el Gobierno de turno quiera eliminarla.
De acuerdo a los fundamentos del proyecto, la creación formal del Archivo Provincial de la Memoria responde a la necesidad de preservar de manera sistemática y organizada la documentación producida tanto por organismos estatales como por entidades de la sociedad civil durante los períodos de violaciones a los derechos humanos, aunque también contempla la incorporación de registros posteriores que resulten relevantes para la reconstrucción histórica.
“Hay una necesidad de crear un organismo unificado y centralizado cuyas tareas sean supervisar, diseñar, evaluar y aplicar políticas para la recopilación, conservación y archivo de materiales vinculados a la actuación del terrorismo de Estado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, para contribuir al proceso colectivo de construcción de la Memoria y la búsqueda de la Justicia, y que la comunidad en su conjunto pueda conocer la Verdad acerca de la desaparición forzada de personas, muerte, sustracción de menores y demás violaciones de Derechos Humanos”, señaló Durán en los fundamentos del escrito.
En ese marco, la iniciativa de la legisladora del peronismo pone el foco en el rol del Estado provincial como garante de políticas activas en materia de derechos humanos, dado que el Archivo no solo funcionaría como repositorio documental, sino también como un espacio dinámico de investigación, análisis y difusión. De esta manera, el proyecto contempla que el organismo pueda articular acciones con universidades, centros de estudio, organizaciones sociales y otros archivos tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de ampliar el alcance de su trabajo y contribuir a la construcción de redes de memoria.
