El Gobierno nacional confirmó que ampliará el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para evitar la interrupción de sus actividades, luego de que el juez federal Alejo Ramos Padilla ordenara garantizar el funcionamiento del organismo encargado de identificar a hijos de desaparecidos durante la última dictadura.
La crisis se hizo pública cuando la directora técnica del BNDG, Mariana Herrera Piñero, informó que el laboratorio ya no podía incorporar nuevas muestras biológicas por falta de insumos y financiamiento. A partir de esa situación, fiscalías especializadas solicitaron la intervención judicial y el magistrado dictó una medida cautelar contra el Estado nacional.
Cinco días después de la resolución, representantes del BNDG, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Jefatura de Gabinete acordaron una partida adicional de 590 millones de pesos para cubrir gastos esenciales. Entre las áreas afectadas figuraban la compra de reactivos y materiales de laboratorio, el mantenimiento de equipos, servicios básicos, limpieza, vigilancia y viáticos para la toma de muestras en el interior del país.
Pese al anuncio, el oficialismo cuestionó la intervención de Ramos Padilla y sostuvo que la cautelar implica un avance del Poder Judicial sobre atribuciones del Ejecutivo. También apuntó contra las autoridades técnicas del organismo y las fiscalías que impulsaron la presentación.
Creado en 1987 a partir de un pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, el BNDG conserva unas 32 mil muestras genéticas y cumple un rol central en las investigaciones sobre apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.
