Los jueces Gabriel Vitale y Fernando Benítez, de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Lanús-Avellaneda, denegaron la excarcelación para los dos acusados de grooming en perjuicio de jugadores adolescentes del Club Independiente.
Fuentes judiciales informaron a DiarioConurbano.com.ar que los dos imputados – un empleado público de 41 años y un docente, de 52 – continuarán detenidos.
“La libertad de los imputados compromete el normal avance y desarrollo de la investigación aun en ciernes. Ante la posibilidad cierta de que puedan incidir no solo sobre las víctimas -dada la situación de vulnerabilidad señalada- sino también, sobre los testigos -acorde al marco reseñado- o, incluso, alterar elementos probatorios aún no consolidados, lo que sin lugar a dudas afectaría el adecuado esclarecimiento de los hechos investigados”, argumentaron en su resolución los camaristas Vitale y Benítez. De esta manera, rechazaron los planteos de las defensas.
Cabe destacar que el juez Vital es especialista en violencia contra la niñez y Benítez, en grooming. Por otra parte, los imputados ya cuentan con prisión preventiva dictada por el juez José María Arabito, del Juzgado de Garantías 4 de Lanús.
Los dos hombres están imputados de “captación por medios tecnológicos de menores de edad con el propósito de cometer delitos contra la integridad sexual reiterado, en concurso real con corrupción de menores en concurso ideal con captación por medios tecnológicos de menores de edad con el propósito de cometer delitos contra la integridad sexual”.
Investigaciones
Los imputados fueron identificados por las fuentes judiciales como M.D.(41), quien se desempeñaba como empleado del Ministerio de Salud de la Nación; y G.B. (52), un profesor de Geografía con actividad en escuelas secundarias de los partidos de Morón e Ituzaingó.
Los peritajes telefónicos determinaron que ambos mantuvieron contactos sistemáticos con menores de las divisiones inferiores del «Rojo» entre enero y abril de este año.
La causa penal se inició tras la correspondiente denuncia institucional radicada por las propias autoridades de Independiente, quienes detectaron maniobras de acoso digital contra los futbolistas alojados en el predio de la pensión. A través del análisis de dispositivos y capturas de pantalla, la fiscalía reconstruyó una estrategia de captación basada en perfiles falsos de Instagram, mensajes de visualización única y transferencias de dinero mediante billeteras virtuales.
En uno de los intercambios virtuales que constan en el expediente, uno de los detenidos abordó a un futbolista de apenas 13 años fingiendo ser un benefactor: “Botinero es un tipo que le pasa plata a futbolistas, por lo general juveniles. Sin nada a cambio”, redactó el sospechoso para ganarse su confianza. Acto seguido, le ofreció sumas fijas de «10 mil pesos por semana» o «30 mil mensuales», exigiéndole a cambio material fotográfico: “Cuando gastes mi platita quiero que me muestres en qué gastás. Mandá fotos”. La perversión de la maniobra incluía incentivos de red: el acusado le ofrecía una «comisión» extra en dinero si lograba convencer a otros compañeros de las inferiores de aceptar el trato.
Otro de los flancos de la investigación apunta a D., quien operaba bajo los usuarios «gallediez» y «martindiez». En sus chats con los chicos de la pensión, el empleado estatal aprovechaba el desarraigo de los menores —muchos de ellos oriundos del interior del país— para sugerirles encuentros fuera del predio del club aprovechando los días de salida libre, utilizando como anzuelo invitaciones gratuitas para ver las carreras de Franco Colapinto en Fórmula 1 cerca de su domicilio.
Los allanamientos para efectivizar las detenciones se desarrollaron en mayo de este año, de forma simultánea, en las localidades de Vedia y Villa Tesei. En los domicilios, las fuerzas de seguridad secuestraron computadoras portátiles, pendrives, teléfonos celulares y una cámara digital que serán sometidos a peritajes tecnológicos urgentes.
Los pesquisas determinaron que el docente de Geografía realizó al menos 17 transferencias económicas a menores de edad utilizando las plataformas Mercado Pago y Cuenta DNI, lo que para la fiscalía comprueba la hipótesis del chantaje financiero.
Asimismo, durante la requisa de su vivienda se hallaron dos fotografías impresas en blanco y negro con representación sexual explícita de menores; fuentes con acceso directo al expediente confirmaron que una de esas imágenes corresponde a una de las víctimas directas de la pensión de Avellaneda, transformándose en una prueba de altísimo valor para el futuro juicio oral.
