El gobierno de la Provincia de Buenos Aires decidió ayer mediante un decreto, terminar el convenio que permitía la participación de Nación en el cálculo y la distribución de los subsidios al transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De esta manera, el esquema de compensaciones para las líneas provinciales y municipales quedó bajo control exclusivo de la Provincia.
La resolución oficializada en las últimas horas aprobó el acta de cierre que las dos jurisdicciones habían rubricado el 7 de marzo, luego de dar por cumplidas todas las obligaciones establecidas en el acuerdo original. Ese mismo documento puso también un punto final a la colaboración nacional en cuestiones vinculadas al Atributo Social de la tarjeta SUBE, a las comisiones del sistema y a las compensaciones por gasoil a precio diferencial.
El convenio ahora concluido se remonta a diciembre de 2018, cuando comenzó a regir en el marco del Consenso Fiscal que dispuso que, desde enero de 2019, fuera la provincia de Buenos Aires la encargada de definir los subsidios al transporte dentro de su territorio.
Bajo ese esquema, el entonces Ministerio de Transporte de la Nación se encargaba de calcular y liquidar las compensaciones correspondientes, mientras que el Estado bonaerense transfería posteriormente los fondos a las empresas prestatarias del servicio.
A lo largo de su vigencia, el acuerdo fue prorrogado en diez oportunidades entre 2019 y 2025, hasta que su última extensión estableció como fecha límite el 31 de diciembre pasado. A partir de ese momento, la administración provincial reemplazó el mecanismo compartido con Nación por un régimen propio, destinado a las empresas de transporte automotor de jurisdicción provincial y municipal que prestan servicio dentro del AMBA.
Ese nuevo esquema había quedado plasmado en el Decreto 3231/25, mediante el cual Kicillof creó el Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA. Esta herramienta vino a reemplazar la asistencia técnica que hasta entonces brindaba el Gobierno nacional, lo que —según se explicó desde la Provincia— terminó por volver innecesaria la continuidad del convenio firmado siete años atrás.
El nuevo régimen provincial exige a las empresas de transporte la presentación de rendiciones de cuentas de manera cuatrimestral, con el fin de transparentar el destino de los subsidios recibidos y garantizar, según se indicó, el “uso correcto de los fondos públicos” asignados al sostenimiento del sistema de transporte automotor.
Entre los requisitos, las prestatarias deberán identificar a la empresa y a cada una de las líneas habilitadas, detallar las compensaciones tarifarias percibidas y desglosar los gastos por servicio y por rubro. A esto se suma la obligación de acompañar la rendición con un informe firmado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que dé cuenta de cómo se aplicaron esos recursos a la prestación del servicio.La normativa vigente contempla, además, un régimen de sanciones progresivas para las empresas que no cumplan en tiempo y forma con la entrega de la documentación requerida. En una primera instancia, el incumplimiento derivará en la retención del 10% de las compensaciones; ese porcentaje ascenderá al 50% si la demora se extiende más de 30 días, y podrá llegar hasta la retención total de los fondos en caso de que el incumplimiento persista durante 60 días.
