Después de cuatro meses de silencio público, Cristina Fernández de Kirchner reapareció en la escena política a través de una carta abierta. La ex dos veces presidenta informó que inició acciones en el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con su caso como símbolo de la proscripción, el debilitamiento democrático y el “machismo estructural que todavía subsiste en el Poder Judicial” argentino.
En el texto, la ex mandataria confirmó que recurrió a la Justicia Internacional con el argumento de que el sistema judicial argentino vulneró garantías fundamentales durante el proceso que derivó en su condena en la causa Vialidad. “Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad”, sostuvo al explicar la decisión de acudir a la instancia internacional.
Afirmó además que la ofensiva judicial en su contra “no tiene como destinataria únicamente a una persona”, sino que apunta contra “un proyecto político” y, en última instancia, contra “la voluntad soberana del pueblo argentino”. En esa línea, insistió en que las resoluciones judiciales que la alcanzaron tienen como objetivo impedir su participación electoral y privar a una parte de la sociedad de la posibilidad de volver a elegir la propuesta política que representa.
Uno de los aspectos centrales de la carta es la incorporación de una perspectiva de género en su argumentación. La presidenta del PJ sostuvo que las “graves violaciones de derechos humanos” que denuncia tienen origen en un “machismo estructural” aún presente en sectores del Poder Judicial. Según planteó, durante años fue juzgada no sólo por sus actos de gobierno, sino también por su condición de mujer y por haber ejercido el liderazgo político “con firmeza”.
En ese sentido, recordó que fue “la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina” y cuestionó que también sea “la única ex presidenta condenada por la Corte Suprema ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”, preguntó.
Además, vinculó el nivel de violencia política y mediática que, según su visión, sufrió durante los últimos años con el intento de asesinato del que fue víctima el 1° de septiembre de 2022, al sostener que ese clima terminó funcionando como un incentivo para el atentado.
La ex mandataria volvió además sobre uno de los conceptos que el kirchnerismo sostiene desde que quedó firme la condena en la causa Vialidad: la existencia de una proscripción política. “La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria”, escribió, remarcando que el verdadero objetivo de las decisiones judiciales fue excluirla de la competencia electoral.
El Lawfare global
Cristina Kirchner también buscó encuadrar su situación dentro de un fenómeno que, según afirmó, trasciende las fronteras argentinas. Aseguró que en distintos países se utiliza al sistema judicial como una herramienta para neutralizar dirigentes con respaldo popular y advirtió que ese mecanismo constituye una de las principales amenazas para las democracias constitucionales, al reemplazar la voluntad popular por decisiones de los tribunales.
Como parte de esta nueva estrategia judicial, la ex mandataria incorporó a su defensa a los abogados internacionales Javier Borrego, de España, y Rafael Valim, de Brasil, quienes tendrán a su cargo la presentación del caso ante el organismo de Naciones Unidas. “Todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, afirmó.
Por último, CFK ratificó que continuará impulsando acciones para lograr el reconocimiento de su inocencia y convocó a sus seguidores a “no bajar los brazos” frente a lo que definió como una persecución política. “La historia de nuestro pueblo demuestra que ninguna injusticia ha sido eterna y que ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular”, cerró.
