Frigorífico General Pico destinó cerca de $16.500 millones a financiar a LDL, una empresa dedicada al negocio equino y propiedad de la familia Lowenstein, mientras la compañía atravesaba dificultades financieras y acumulaba obligaciones con proveedores, bancos y otros acreedores.

 

Según documentación vinculada al concurso preventivo de la empresa, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los fondos fueron enviados a una sociedad cuyos propietarios integraban, al mismo tiempo, la administración de Frigorífico General Pico.

 

La operación cobra relevancia en medio de la crisis financiera de la compañía y de la investigación sobre las decisiones adoptadas por la conducción anterior, ya que durante ese período el frigorífico necesitaba recursos para adquirir hacienda, mantener la producción, afrontar salarios y cumplir compromisos con terceros.

 

En ese contexto, proveedores extendían plazos de pago, entidades bancarias sostenían líneas de crédito y acreedores aguardaban la cancelación de obligaciones, mientras aproximadamente $16.500 millones fueron destinados al financiamiento de LDL, sociedad vinculada directamente con quienes administraban el frigorífico.

 

La documentación abre interrogantes respecto de las condiciones de esas operaciones, su beneficio para Frigorífico General Pico y el eventual conflicto de intereses derivado de que los administradores de la compañía tuvieran, simultáneamente, intereses económicos en la firma receptora del financiamiento.

 

La situación forma parte del complejo escenario que rodea al concurso preventivo que tramita ante el juez Carlos María Iglesias, mientras permanece pendiente la efectiva asunción de las nuevas autoridades elegidas por la Asamblea de accionistas.

 

Otro elemento incorporado al análisis de la crisis corresponde a la transferencia de la participación accionaria que mantenían los Lowenstein en Frigorífico General Pico. En julio, la familia transfirió la totalidad de su participación a un tercero y, 14 días después de esa operación, Alan Lowenstein solicitó su propio concurso preventivo.

 

Posteriormente, la Asamblea de Frigorífico General Pico rechazó el balance correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025, desaprobó la gestión del Directorio anterior y también rechazó una distribución de aproximadamente $2.000 millones en honorarios.

 

En paralelo, la administración anterior quedó alcanzada por una investigación penal por presunta administración fraudulenta y balance falso.

 

En el marco de esa causa ya se recibieron declaraciones testimoniales y se realizó un allanamiento en la planta ubicada en Trenel, La Pampa, donde la Justicia secuestró documentación para avanzar con el análisis de las operaciones de la compañía.

 

La aparición de movimientos económicos con sociedades vinculadas adquiere así especial importancia para determinar qué ocurrió con los recursos de Frigorífico General Pico durante el período previo a la presentación concursal y reconstruir las decisiones adoptadas por sus entonces administradores.

 

 

A la investigación penal se suma la controversia por la conducción de la compañía. La última Asamblea de accionistas decidió remover a las anteriores autoridades y designar una nueva administración con el objetivo de recuperar la actividad y preservar las fuentes laborales.

 

De acuerdo con la información vinculada al expediente, Iglesias conocía la convocatoria y el orden del día de la Asamblea, que contó además con la participación de una veedora designada en el marco del concurso, dos inspectores de Personas Jurídicas de La Pampa y un escribano público.

 

La Asamblea rechazó el balance y la gestión anterior y designó nuevas autoridades, aunque esa conducción todavía no pudo asumir efectivamente el control de Frigorífico General Pico.

 

El caso entra ahora en una instancia clave: mientras la Justicia Penal investiga las decisiones de la administración anterior y analiza documentación secuestrada durante el allanamiento, en el expediente concursal permanece abierta la disputa por la conducción de la empresa.

 

En ese escenario, los $16.500 millones destinados al financiamiento de LDL aparecen como uno de los movimientos económicos relevantes para determinar qué ocurrió con el patrimonio de Frigorífico General Pico durante el período en que profundizó su endeudamiento y terminó recurriendo al concurso preventivo.

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