En el marco de la quinta sesión del año, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley un paquete de proyectos provenientes del Senado, entre los que se destaca la iniciativa impulsada por el legislador de Unión y Libertad Sergio Vargas, que endurece fuertemente las sanciones contra quienes agredan, hostiguen o maltraten a docentes, profesionales de la salud y agentes de servicios públicos esenciales.
La norma modifica de forma directa el artículo 74 bis del Código de Faltas provincial y busca poner freno a la escalada de episodios violentos e intimidaciones registradas recientemente dentro de las escuelas públicas y las guardias hospitalarias del Conurbano y todo el territorio bonaerense.
El marco regulatorio amplía la protección que hasta ahora regía solo para el personal educativo (mediante la Ley 14.898), incorporando formalmente a médicos, enfermeros, choferes de ambulancia y agentes estatales.
Fundamentos del proyecto: «La realidad actual nos exige ampliar este ‘escudo legal’ para abrazar también a los profesionales de la salud y agentes que enfrentan situaciones de violencia idénticas. Defender a nuestros servidores públicos es defender la continuidad de los servicios que recibe cada ciudadano», enfatizó el senador Sergio Vargas.
Sanciones con arresto, multas y asistencia psicológica a las víctimas
El nuevo régimen normativo sancionado por la Legislatura fija castigos concretos para quienes incurran en agravios, insultos o perturbaciones al normal desarrollo de las tareas públicas:
-Sanciones: Impone penas de 5 a 30 días de arresto o multas económicas que van de 50 a 500 Unidades Fijas (UF).
-Agravante: Las penas se incrementarán sensiblemente cuando los hechos de violencia se cometan dentro de los colegios frente a los alumnos o en centros médicos ante otros pacientes.
Asimismo, la norma obliga al Gobierno provincial a garantizar patrocinio jurídico gratuito para que los trabajadores agredidos puedan constituirse como querellantes, además de brindarles asistencia psicológica inmediata a través de salud ocupacional o las ART.
En paralelo, la ley dispone el auxilio de la fuerza pública para retirar de inmediato al agresor del establecimiento y la creación del Registro Provincial de Hechos de Violencia Institucional, un mapa estadístico que permitirá detectar zonas críticas en la provincia para destinar mayores recursos de seguridad. La iniciativa quedó a la espera de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
