El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que desde octubre de 2020 juzga al represor Miguel Etchecolatz y otros 17 represores por delitos contra casi 500 víctimas en 3 excentros clandestinos de detención de la última dictadura militar, retomará en febrero próximo sus audiencias.
Según confirmaron fuentes judiciales a Télam las audiencias del juicio unificado por los delitos cometidos en el Pozo de Bánfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, se reanudarán el próximo 2 de febrero, con una visita a ese excentro.
En la elevación a juicio a la que accedió Télam se caracterizó a “El Infierno” como un “centro clandestino dedicado principalmente al alojamiento temporario de personas” y se remarcó que allí se practicó “la tortura sistemática en condiciones de detención inhumanas, incluyendo la violencia sexual como una modalidad integrada en el elenco de actos que convergieron en el intento deshumanizante de la persona detenida”.
Las víctimas alojadas allí relataron que “la mayor parte del tiempo permanecieron maniatadas, con los ojos vendados o encapuchadas y bajo condiciones de higiene y alimentación deplorables”.
El TOF, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, comenzó el 27 de octubre último, por videoconferencia, el juicio unificado por los delitos cometidos en los tres centros por los que juzga al exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense, a Miguel Etchecolatz; al exmédico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda; Jorge Di Pasquale; Guillermo Domínguez Matheu y Ricardo Fernández.
También juzga a Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.
A Etchecolatz se le imputa la privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones en el Pozo de Bánfield, en 116 casos, agravada por haberse cometido con violencias o amenazas y por haber durado más de un mes y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guarde, agravada por ser la víctima un perseguido político.
Además, se le atribuyó a Etchecolatz “en su carácter de Director de la Dirección General de Investigaciones, haber formado parte de un aparato organizado de poder que sustrajo, retuvo y ocultó a los siguientes niños y niñas menores de diez años: Lavalle Lemos, María José (hija de Mónica María Lemos de Lavalle) y Ogando Montesano, Martín (hijo de Stella Maris Montesano Sánchez); quienes permanecieron detenidos ilegalmente en el Centro Clandestino de Detención Pozo de Banfield”, según consta en la requisitoria de elevación a juicio.
También se le imputó el homicidio calificado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de 5 personas; y el abuso sexual con acceso carnal haciendo uso de fuerza e intimidación agravado por resultar un grave daño en la salud de la víctima y por cometerse con el concurso de dos o más personas, en perjuicio de Nélida Ester Lastreto y Valeria del Mar Ramírez, la primer trans que es querellante en este juicio.
Por su actuación en el centro de Pozo de Quilmes, Etchecolatz deberá responder por los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencias o amenazas reiterado en 93 casos y por haber durado más de un mes.
En el caso del centro conocido como El Infierno, se le imputó a Etchecolatz “el homicidio calificado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en el caso Luis Adolfo Jaramillo” y la privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencias o amenazas reiterado en sesenta y un (61) casos.