La exoneración de Muñoz fue ordenada el pasado 9 de marzo por la Sala I del Tribunal de Casación Bonaerense, a cargo de Mario Eduardo Kohan, María Florencia Budiño y Daniel Gustavo Amerise, quienes decidieron absolverlo por el delito de “homicidio en ocasión de robo”, por el cual había sido condenado en 2010.
“Lo primero que hice después de que me liberaron fue ir a la casa de mi mamá. Fue una fiesta. Porque después de 13 años y medio se terminó la pesadilla. Pude conocer a mi nieta de 2 años que es hermosa”, exclamó a Télam el hombre de 42 años absuelto.
Según el fallo, al que tuvo acceso esta agencia, los jueces indicaron que “no es posible asegurar, con el grado de certeza que esta instancia requiere, que el aquí encausado haya participado del homicidio”, ya que la investigación se basó en torno a rumores y especulaciones que “no encontraron correlato en prueba o indicio alguno”.
De esta forma, los magistrados decidieron revocar la sentencia del tribunal oral, a la vez que consideraron que no se efectuó un señalamiento contundente respecto del inculpado, sino que las testigos del hecho se limitaron a mencionar que poseía “similares características a uno de los sospechosos” y que sus testimonios se “vieron contaminados a lo largo del proceso”.
El hecho por el cual Muñoz fue detenido tuvo lugar el 14 de junio de 2008, cuando cuatro hombres asaltaron con armas de fuego el autoservicio “La Perlita”, ubicado en la localidad bonaerense de Moreno, y posteriormente asesinaron a balazos al dueño del local, Juan Carlos Miranda, quien se había resistido al robo.
Días posteriores al crimen, testigos de identidad reservada -a los que se llegó en virtud de “tareas de inteligencia” no aclaradas- indicaron que Muñoz había sido partícipe del robo, por lo que fue convocado a una rueda de reconocimiento en la que no contó con asistencia letrada.
Allí, una de las testigos, que inicialmente no recordaba a ninguno de los asaltantes, señaló que Muñoz “era parecido” a uno de los delincuentes que había participado del robo.
Meses después, otra de las testigos -que anteriormente no lo había identificado- señaló a Muñoz en una segunda rueda de reconocimiento, pero le sindicó un rol distinto en el asalto.
De esa forma, Muñoz quedó detenido el 4 de septiembre de 2008. Dos años después, sin ninguna otra prueba contundente, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 del Departamento Judicial Mercedes lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de “robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio ‘criminis causae'”.
“Sufrí mucha angustia. Fue una locura. Era pensar todos los días lo mismo, caminaba por arriba de las paredes. Me mantuvo en pie la certeza de mi inocencia y seguir viendo a mi familia”, relató Martín, al recordar el momento en el que fue sentenciado a 50 años de prisión.
Hasta lograr su absolución, Muñoz libró una batalla legal durante varios años, donde contó con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos Innocence Proyect y Asociación Pensamiento Penal (APP), las cuales se presentaron ante las autoridades judiciales bajo la figura de “amigos del tribunal” (Amicus Curiae).
“Si no me daban la absolución en Casación, no tenía más fuerzas. No daba más. Me salvó la campana. Sinceramente ya estaba muy cansado. Por suerte, en todo momento estas organizaciones estuvieron en contacto conmigo y me acompañaron”, indicó Muñoz, en diálogo con Télam.
Por su parte, la APP comenzó a involucrarse en el caso en el año 2015, cuando Muñoz tomó contacto con el fallecido exjuez Mario Juliano, uno de los referentes de la organización.
Indiana Guereño, actual presidenta de dicha organización, afirmó a Télam que “el caso está plagado de negligencias investigativas que se ratificaron en el juicio”.
“Lo que notamos en esta causa fueron malas prácticas de la justicia. Lo vemos claramente en el caso del tribunal, que en lugar de que se revean esas deficiencias en la investigación, las ratificó. Eso terminó derivando en una sentencia arbitraria”, argumentó Guereño, y añadió: “Hay muchísimos Martín Muñoz en todo el país. No es un caso aislado”.
Sin embargo, la presidenta de APP expresó que la absolución de Muñoz sí fue un caso llamativo: “Estas absoluciones en este tipo de casos no se dan frecuentemente. Llevan detrás muchísimo trabajo y se logran únicamente porque intermedian organizaciones sociales”.
A su vez, el presidente de Innocence Proyect, el abogado Manuel Garrido, explicó a Télam que este caso fue “paradigmático para las causas armadas”, debido a la gran implicancia que otorgó el tribunal a las ruedas de reconocimiento para finalmente condenar a Muñoz.
Luego de todas las circunstancias que atravesó, Muñoz aseguró que “no guarda ningún tipo de rencor contra nadie” y consideró que su situación social “influyó en la condena recibida”.
“Con el tiempo comprendí cómo funciona el sistema. Ya está. Tuve la desgracia de atravesarlo. Yo tenía antecedentes penales y era pobre. Obviamente que eso influyó para que me condenaran. Nosotros somos carne de cañón y quedamos expuestos a que nos pasen estas cosas”, reflexionó el hombre, que se recibió de abogado en la Unidad Penitenciaria 1 de Olmos.
Por su parte, Muñoz planea continuar viviendo en Moreno, como lo hizo durante toda su vida hasta que fue detenido y contó que “lo único” que quiere es “trabajar y estar junto a su familia”.
“Por suerte recibí el acompañamiento de un montón de personas que me ayudaron a recuperarme. Hoy quiero vivir, me quiero matricular como abogado, quiero trabajar, estar con mi familia. Y bueno, lo que pasó, pasó. Borrón y cuenta nueva”, concluyó.