El Gobierno nacional recurrió ante la Cámara Federal de San Martín la decisión judicial que obligaba a cumplir de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad, declarando inválido el decreto presidencial que suspendía su vigencia.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro, con la firma de Santiago Castro Videla y el patrocinio del subprocurador Julio Comadira, alegando que la resolución “causa agravio al Estado Nacional”.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, había concedido el 12 de diciembre la apelación con efecto devolutivo, lo que mantiene vigente su fallo mientras se revisa el recurso. Además, dio un plazo de cinco días para que el Ejecutivo fundamente el recurso.
La jugada judicial se enmarca en un contexto de fuerte tensión política. En el Congreso, la oposición consiguió frenar la inclusión en el Presupuesto 2026 del capítulo que buscaba derogar la ley, sancionada el año pasado.
La Casa Rosada, por su parte, busca revertir esta situación en el Senado y volver a insistir en Diputados con la redacción general del Presupuesto, una tarea que se anticipa compleja debido a la resistencia parlamentaria.
