La diputada nacional y miembro del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), y la diputada nacional Leonor Martínez Villada (CC-ARI – Córdoba) salieron en defensa de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, que está pronto a ser destituida después de haber intervenido en varias causas resonantes que describieron con detalle circuitos de corrupción de la política de la provincia.
“Qué está diciendo ese Jury, en caso de desoír lo que está diciendo la Corte o lo que está diciendo el Procurador, está diciendo ‘no investigues al poder’”, señaló Camaño y agregó: “El grave problema que tenemos es de qué manera se ve hacia abajo el ejemplo que damos aquellos que tenemos alguna responsabilidad y parece que no se entiende”.
Además, la consejera calificó como “muy grave” la acusación contra Goyeneche y precisó: “Se la acusa de no haberse excusado, pero allí, en su caso, se mal utiliza el Instituto de la Excusación porque en realidad ella no se excusa, avanza con la investigación y logra un expediente con culpabilidades hacia las personas que conocía. Totalmente mal utilizado el Instituto de la Excusación porque si para algo sirve es para que vos no hagas connivencia con aquél que conocías. No hizo connivencia, avanzó con la investigación y por eso se la está llevando a un Jury”.
Y agregó que “quienes le están haciendo Jury son pasibles de que después se lo investigue porque en realidad están mal utilizando un instituto tan importante como es el de la Excusación”.
En el mismo sentido, se pronunció la diputada de la Coalición Cívica a través de las redes sociales quien advirtió: “Si la Corte Suprema falla a favor de la fiscal Goyeneche y la Provincia de Entre Ríos no acata el fallo, vamos a pedir la intervención federal para garantir la forma republicana de gobierno”.
“No queremos un nuevo fiscal Sosa, no queremos una nueva Santa Cruz. La injusticia y la impunidad no se pueden consolidar en la Argentina. Por lo menos no contarán con nuestra complicidad”, adelantó.
Goyeneche, que ocupa formalmente el cargo de Procuradora Adjunta, pero está suspendida y tiene su sueldo recortado, quedó sentada en el banquillo de los acusados después de haber intervenido en varias causas resonantes que describieron con detalle circuitos de corrupción de la política de Entre Ríos. Quedaron involucrados desde dirigentes del peronismo hasta de la oposición. Uno de los casos más resonantes, el de los “Contratos de la Legislatura” provincial, reveló un entramado para extraer del Estado vía contratos de locación ingentes recursos públicos todos los meses durante años.
Fuente: parlamentario.com