El genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz murió ayer por la madrugada, a los 93 años de edad, en una clínica a la que había sido trasladado en las últimas horas para ser sometido a una intervención quirúrgica. La información fue confirmada por el Tribunal Oral Federal número uno de La Plata a los querellantes en las múltiples causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en las que estaba condenado en nueve oportunidades a prisión perpetua.
Etchecolatz había sido beneficiado en las últimas semanas con una prisión domiciliaria en virtud de su deteriorado estado de salud, pero tal beneficio no llegó a concretarse por la cantidad de condenas que lo retenían en una cárcel común.
Cuando comenzó la pandemia, el represor fue alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo, desde donde en las últimas semanas fue trasladado a una clínica de la ciudad bonaerense de Merlo y luego a otro establecimiento para los preparatorios de una operación que no llegó a realizarse.
Según el último reporte sobre su salud del Cuerpo Médico Forense, Etchecolatz padecía las secuelas de un cuadro de hipertensión arterial, un accidente cerebro vascular (ACV), deterioro cognitivo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia venosa, hiperplasia benigna de próstata y diverticulosis colónica.
Además, arrastraba las consecuencias de haber sido fumador durante gran parte de su vida.
Hace tres semanas, la Cámara de Casación le concedió la prisión domiciliaria en una causa en la que está condenado por el secuestro y homicidio de un joven de 22 años durante la dictadura, pero el beneficio no se concretó.
El tribunal casatorio había entendido que Etchecolatz requería una asistencia personal especializada en adultos mayores durante las 24 horas y esa atención no estaba garantizada en la prisión de Campo de Mayo que depende del Servicio Penitenciario Federal.
Etchecolatz fue director de investigaciones de la Policía Bonaerense durante la etapa más feroz de la represión del régimen que sojuzgó a la Argentina entre 1976 y 1983.
En mayo pasado recibió su última prisión perpetua, en un juicio en el que también resultó condenado a la misma pena el ex policía Julio César Garachico. Ambos fueron hallados responsables de los delitos de “privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio calificado” en perjuicio de Jorge Julio López, Norberto Rodas, Alejandro Emilio Sánchez, Patricia Dell Orto, Francisco López Muntaner, Efraim Guillermo Cano y Ambrosio De Marco.
En el caso de Jorge Julio López, la condena no se relacionó con su desaparición sino con el secuestro y las torturas que padeció durante la dictadura, y por las que estaba declarando en 2006, cuando fue visto por última vez.
Justamente en aquel juicio, López describió los padecimientos del resto de las víctimas de este juicio. Pese a las evidencias de su dominio sobre una estructura represiva conocida como “Circuito Camps”, que manejó una veintena de centros clandestinos de detención, Etchecolatz fue uno de los beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Cuando en 2003 esas normas que consagraban la impunidad y los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem fueron declarados nulos, se reanudaron los procesos en su contra.
A Etchecolatz se le atribuye también la segunda desaparición de Jorge Julio López, en 2006. El represor fue fotografiado con un papel en sus manos que tenía anotado el nombre del testigo clave para su primera condena a prisión perpetua.
Según contó el presidente del tribunal oral federal de La Plata que dictó aquella primera condena, Carlos Rozansky, Etchecolatz intentaba hacerle llegar ese papel a él, en pleno juicio, acaso como una forma de “mensaje”.
Etchecolatz nunca reconoció la jurisdicción de los tribunales –de hecho, nunca declaró en un juicio- y sostenía que debía ser juzgado bajo las leyes militares. Pero, además, sostenía que sus actos sólo podían ser juzgados “por Dios”.
En 2017, un tribunal oral de la Capital Federal le concedió la prisión domiciliaria, que disfrutó durante un corto tiempo en una vivienda del Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, pero tras reiteradas y vehementes protestas de los vecinos, en 2018 la Cámara Federal de Casación le revocó el beneficio y ya no volvió a salir de prisión.