Como producto de las medidas que se vienen llevando adelante en el marco de las investigaciones en el caso de la maestra detenida la semana última acusada de abusos a su hijo discapacitado, filmarlos y enviarlos a lo que sería una red de pornografía infantil, comenzaron ayer distintas acciones judiciales que se realizarán en el teléfono celular de la docente.
Las diligencias están a cargo de peritos idóneos que analizarán los requerimientos elevados por el fiscal Daniel Ichazo.
Se prevé que las medidas sean claves en el proceso en contra de la educadora de nivel inicial que se desempeñaba profesionalmente en una sede de Don Bosco. Vale aclarar que durante la semana personal de la fiscalía se reunió con autoridades de Inspección de la región como con miembros de la comunidad escolar a fines de “llevar tranquilidad” ya que en los videos solo se observaría la presencia del hijo de la imputada como víctima de los aberrantes delitos.
El hecho se conoció el pasado viernes cuando la mujer fue detenida por la Jefatura Distrital Berazategui, perteneciente a la Departamental Quilmes. El titular de la UFIJ N° 1 descentralizada, especializada en temática de pornografía infantil y trata de personas, a cargo del fiscal Ariel Ichazo, lleva adelante la causa judicial.
Un exnovio de la mujer, de 44 años, había sido detenida en el 2018 en la ciudad de Zapala, Neuquén, en el marco de una causa por tráfico de drogas. Al requisar su teléfono celular secuestrado en los allanamientos, los oficiales encontraron en su cuenta de WhatsApp los videos. El rastreo al titular del teléfono de donde provenían los llevó a la docente.
Al allanar su domicilio corroboraron que el menor que aparecía en los videos era su propio hijo. También estaba en la casa el hermano mayor de este, de 13 años, quien hasta el momento no aparece como víctima en ninguna filmación. No obstante, debido a la profesión docente de la imputada es que no se descartan más víctimas del delito abuso sexual y grooming.
La docente está detenida y afronta una grave acusación por “producción y distribución de pornografía infantil, abuso sexual con acceso carnal agravado, y corrupción de menores agravada”.