La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados bonaerense comenzó a estudiar un proyecto que busca prohibirles a las policías de la provincias de la provincia de Buenos Aires las detenciones por averiguación de identidad, previstas en la Ley 13482 que rige desde el año 2006.
La apertura del debate que encabezó el diputado del Frente de Todos y presidente del cuerpo, Juan “Tachu” Malpeli, y la vicepresidenta en representación de Juntos, Natalia Dziakowski, contó con la participación del Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Lisandro Pellegrini, del Defensor del Pueblo Guido Lorenzino, el secretario general de la CPM, Roberto Cipriano García, y de la autora de la iniciativa, la diputada Roxana López.
“Entendemos que el pedido de documentación de la policía en muchos casos desencadena situaciones violencia institucional. Conocemos casos como el de Miguel Bru que incluso terminan en torturas, muertes o desapariciones. Esta iniciativa apunta a proteger la democracia”, explicó la diputada López.
Asimismo, la autora del proyecto que busca prohibir las detenciones por averiguación de identidad sostuvo que “no se concibe que con todos los avances tecnológicos se siga deteniendo para averiguar datos”. “También tiene el objetivo de profesionalizar las fuerzas de seguridad”, aclaró.
En concreto, el texto propone la derogación del inciso “c” del artículo 15 de la Ley 13482 que faculta al personal policial a limitar la libertad de las personas “cuando sea necesario conocer su identidad, en circunstancias que razonablemente lo justifiquen, y se niega a identificarse o no tiene la documentación que la acredita”.
En este sentido, el funcionario Pellegrini advirtió que “la averiguación de antecedentes es inconstitucional, porque habilita la detención sin motivos”. “Es de aplicación muy heterogénea, la práctica demuestra es que primero se detiene y después se busca la figura; es una obligación avanzar en este proyecto”, enfatizó.
“Es un proyecto que desprejuicia a las fuerzas de seguridad y las convoca a concentrarse en la reducción del delito. Este artículo pone a las fuerzas de seguridad en una valoración negativa. Esto no tiene que ver con lo cuantitativo sino cualitativo, un solo caso como el de Miguel Bru ya es una tragedia“, aportó Lorenzino en sintonía con López.
Si bien desde Juntos habilitaron la puesta en común del articulado que busca derogar las detenciones por averiguación de identidad en una comisión con minoría de legisladores del oficialismo, la vicepresidenta Dziakowski pidió postergar su tratamiento para la próxima reunión ordinaria a la espera de una posición unificada de la oposición.
Es preciso mencionar, que completan la integración de la comisión de Derechos Humanos, los diputados Emiliano Balbín (Juntos), Abigail Gómez (Juntos), Noelia Ruiz (Juntos), y Guillermo Kane (Frente de Izquierda), y Lucia Iáñez (Frente de Todos).
“Acompañamos este proyecto, porque es un paso positivo contra una práctica de la cual se basa la policía para amedrentar. Nos deja pensando está reunión que otro tipo de propuestas podemos hacer para avanzar“, reconoció Kane dando cuenta de las posturas disidentes en la mesa de trabajo.
Averiguación de identidad: la advertencia de la CPM
A modo de cierre de la presentación del proyecto que busca prohibir las detenciones por averiguación de identidad, el abogado y secretario general de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Roberto Cipriano García, alertó que “la policía va mutando en su forma detener arbitrariamente”.
“La detención por averiguación de antecedentes por estas horas es marginal. Ahora la Policía Bonaerense imputa delitos contra la administración pública”, advirtió Cipriano García.
En tanto, el referente de la CPM alertó que “el 96% de los casos la policía detiene con cuestiones que no tiene que ver con delitos”. “Lo que se estaría legislando es adecuar nuestra constitución a los tratados internacionales, porque este inciso es inconstitucional”, remarcó Cipriano García.
Cipriano, hizo hincapié en que el inciso “c” de del artículo 15 de la Ley 13482 “propicia el avasallamiento de derechos”. “El mayor impacto que tiene esta figura es el anillo de contención para que los sectores pobres ingresen a las ciudades y es un limitante al acceso a los derechos”, afirmó.
“Hay otro artículo que plantea lo mismo en el caso de controles vehiculares. Estás prácticas casi siempre están relacionadas con maltratos y torturas de la Policía bonaerense. Hacía mucho tiempo que la Legislatura bonaerense no discutía estos temas”, celebró.