La Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal “expresa su más enérgico repudio ante el grave hecho ocurrido ayer en el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial San Martín, donde un grupo de aproximadamente veinte personas armadas con cuchillos irrumpió en la sede judicial y amenazó de muerte al juez interviniente, Nicolás Schiavo, miembro de nuestra Asociación, poniendo en riesgo no solo la integridad física del magistrado sino también la de las y los trabajadores judiciales y de la ciudadanía presente en el edificio”.
“Este tipo de acciones representan una intolerable violación al Estado de Derecho, a la seguridad de funcionarias y funcionarios judiciales, y a la
independencia del Poder Judicial, pilares fundamentales de nuestra república. La judicialización de conflictos sociales y la labor de impartir justicia deben realizarse en un marco de respeto institucional y protección de la integridad física, sin temor a represalias ni a amenazas. La Asociación reitera que la seguridad de los espacios de administración de justicia y de quienes en ellos desempeñan sus funciones es condición indispensable para el normal funcionamiento de los procesos judiciales y para la garantía efectiva de los derechos de todas las personas. Que estos hechos ocurran en un contexto donde todavía se discute la suficiencia de recursos y medidas de protección para edificios judiciales y sus agentes, nos obliga a reclamar políticas públicas urgentes y coordinadas que aseguren condiciones adecuadas de seguridad y protección integral”.
Asimismo, hacemos llegar nuestra solidaridad y acompañamiento institucional al juez Schiavo, a las y los empleados judiciales afectados y a sus
familias, así como a todas las magistradas, magistrados, funcionarios y funcionarias del Poder Judicial que cada día trabajan para garantizar el acceso a la justicia con independencia y responsabilidad. Finalmente, instamos a los poderes del Estado a redoblar esfuerzos y adoptar medidas concretas que garanticen la seguridad de los edificios judiciales, la protección de quienes integran el servicio de justicia y el respeto irrestricto a la independencia judicial, salvaguardando así uno de los fundamentos de nuestra democracia”; finaliza el documento.
