La causa que investiga los hechos que terminaron con la vida de Sebastián Mieres, el joven de 20 años aplastado por un colectivo de la línea 512 tendrá un paso clave en las próximas semanas. Entre el 2 y el 5 de marzo de 2026, irán a declarar citados por la Justicia desde el conductor de la unidad y quienes intervinieron en la inspección, reparación y habilitación del colectivo de la empresa San Juan Bautista.
La citación está a cargo de la fiscal Roxana Giménez, los diez imputados están procesados por el delito de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones culposas por los hechos acaecidos en Florencio Varela.
La decisión judicial apunta a establecer responsabilidades que van mucho más allá del volante. En la mira quedaron el chofer del colectivo, inspectores, chapistas de la empresa MOQSA y responsables de la planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV). Para la fiscalía, todos habrían incumplido el deber de cuidado y los protocolos de control de una unidad de transporte público que circulaba con fallas graves.
Las indagatorias se desarrollarán entre el 2 y el 5 de marzo de 2026, comenzando por el conductor de la unidad y continuando con quienes intervinieron en la inspección, reparación y habilitación del colectivo de la empresa San Juan Bautista.
El hecho ocurrió el 2 de agosto de 2024, cuando Sebastián viajaba de pie, en los escalones delanteros del interno. El estribo cedió, el joven cayó al asfalto y fue arrollado por las ruedas traseras del mismo colectivo. Murió en el acto.
La escena paralizó el tránsito, llenó de sirenas el barrio y dejó una herida abierta en la comunidad. Vecinos, familiares y amigos reclamaron justicia desde el primer día, señalando el estado de las unidades y la precariedad del sistema de controles.
