El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por el inminente tratamiento del proyecto de Reforma Laboral, aprobado en el Senado de la Nación. Alertó por las graves implicancias que su sanción tendría sobre el ejercicio de la abogacía.
El presidente de la entidad Ricardo Gil Lavedra envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Martín Menem y a los y las titulares de las 19 bancadas parlamentarias.
“Cualquier proceso de actualización normativa en materia laboral debe ajustarse a los límites del bloque de constitucionalidad federal y a los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de derechos de los trabajadores y trabajadoras que fortalecen el rol compensador del Derecho del Trabajo -en razón de la natural asimetría existente entre las partes integrantes de una relación laboral dependiente- y la intangibilidad de los principios protectorio y de progresividad”, advierte la carta.
Asimismo, advierte que las modificaciones que el proyecto bajo análisis propone a los artículos 20 y 277 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo afectan de manera directa al ejercicio profesional de la abogacía.
“El segundo párrafo del texto propuesto para el artículo 20 disponga la configuración de manera objetiva de la ‘pluspetición inexcusable’ -habilitante de la responsabilidad solidaria del letrado y letrada para el pago de costas- con relación a la sobreestimación de créditos reclamados”, especifica.
En ese mismo sentido, sostiene: “La ambigüedad de cuando estaríamos frente a una pluspetición inexcusable implica introducir un riesgo patrimonial directo para el y la profesional actuante, quien ejerce la defensa técnica en procura del reconocimiento de derechos. Cabe recordar que ya existen normas procesales que permiten sancionar a la temeridad o malicia en el desempeño profesional y que introducir esta norma sólo respecto de los laboralistas supone una discriminación no aceptable en comparación con el ejercicio profesional en otras ramas del derecho”.
Por otra parte, alertaron que, contrariando los principios y normas de Derecho del Trabajo que establecen privilegios para el cobro de créditos de índole laboral, “se establece una categoría de acreedores en situación desventajosa respecto de aquellos que obtienen sentencias favorables en otros procesos”.
También, criticaron que “el mismo texto reproduce la limitación para la responsabilidad del pago de costas prevista en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, lo cual -en virtud del principio de gratuidad establecido por el artículo 20 de la Ley 20.744- se traduce en una directa limitación al derecho de percepción de honorarios por parte de abogados y abogadas, desalentando el ejercicio profesional en la materia”.
Por último, la misiva reconoció que “aun cuando podría ser deseable la introducción del ‘stare decisis’ en nuestro derecho respecto de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no resulta razonable hacerlo exclusivamente para los jueces que decidan conflictos laborales”.
Finalmente, la carta firmada por Ricardo Gil Lavedra solicitó a los diputados y diputadas nacionales que “consideren especialmente las graves implicancias que estas reformas tendrían sobre el ejercicio de la abogacía y el rol que desempeñamos para asegurar la plena vigencia y goce de los derechos y garantías establecidas por nuestra Constitución y los instrumentos internacionales celebrados y ratificados por nuestro país para preservar el Estado de Derecho y la paz social”.
