Un informe elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, indicó que desde el reinicio en 2006 de los juicios por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado fueron condenadas 1.117 personas y 168 resultaron absueltas en 294 sentencias dictadas por tribunales de las diferentes jurisdicciones federales del país, de las cuales un 62% posee alguna instancia recursiva pendiente.
La información corresponde a un informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina que fue publicado hoy en la página “Fiscales”, dependiente de la Procuración General de la Nación.
“Las demoras siguen siendo una traba en el proceso de juzgamiento”, se sostiene en uno de los lineamientos del relevamiento, que consigna que en 2022 “la etapa de juicio ha disminuido levemente, reflejado en un aumento total de sentencias dictadas con respecto al año anterior (21 contra 20)”.
“Las demoras persisten, con algunos avances, en la faz recursiva contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país”, sostiene.
Por otro lado, la PCCH destaca que en relación con las personas juzgadas, se observa “una tendencia en baja del número de detenidas, consolidándose el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante desde el año 2016”.
Los datos incluidos en el informe fueron producidos por la PCCH a partir de la sistematización, procesamiento y análisis de la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales especializadas de todo el país.
Fuentes de la Procuración indicaron que el “el informe está actualizado al 5 de diciembre de 2022 y se refiere exclusivamente a causas penales en las que se registre, al menos, una persona requerida para su investigación por el Ministerio Público Fiscal”.
Actualmente hay 643 causas en trámite en las que son investigadas por delitos de lesa humanidad -o lo fueron hasta su fallecimiento- 3.640 personas, se detalla.
Durante 2022, tribunales de todo el país dictaron 21 sentencias con el siguiente detalle: 4 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en las causas Vesubio III, Chavanne-Grassi, Regimiento de Infantería 6 de Mercedes y Comisaría de Ramos Mejía), 1 en Concepción del Uruguay, 1 en Formosa, 1 en Jujuy, 1 en La Pampa, 1 en La Plata, 1 en Paraná, 1 en Resistencia, 2 en Santa Fe (causas Brusa residual II y Martínez), 1 en San Rafael, 3 en San Martín (causas Campo de Mayo-Vuelos, mega causa Campo de Mayo y La Pastoril), 1 en San Juan, 2 en Salta (causas Yazlle y Medina Ortiz) y 1 en Rosario.
Durante 2022, y hasta el cierre del informe, se iniciaron 18 juicios orales, de los cuales 8 continúan con el debate en curso y 10 obtuvieron sentencia.
En tanto, existen 349 causas registradas en las que aún no se ha dictado sentencia y en las que el estado de la investigación se encuentra en distintas fases.
En tanto, 275 se encuentran en instrucción y 62 dispuestas para la elevación a juicio. De estas últimas, 6 tienen fijada una fecha de inicio del debate para 2023 y 56 aún esperan fijación de juicio.
La PCCH señala que los datos muestran que por primera vez la etapa de instrucción “no constituye el mayor volumen de causas, representando el 43% del total”, dado que “la etapa de sentencias pasó a tener el mayor volumen, registrando un 46% al cierre de este informe”.
Otro dato relevante que refiere el avance de los procesos es que el 10% de las 275 causas que tramitan en la instrucción ya se encuentran con requerimiento de elevación a juicio, porcentaje superior al 7,5 registrado el año pasado.
En cuanto a las 294 causas en las que se ha dictado sentencia, un 62% de ellas posee alguna instancia recursiva pendiente (ante la Cámara Federal de Casación o ante la Corte Suprema) para al menos una de las personas sentenciadas en cada caso.
En cuanto a las condenadas, se registraron este año 65 personas sentenciadas: 58 condenadas y 7 absueltas.
“Esta cantidad de personas con sentencia desciende respecto de los datos registrados en diciembre de 2021 (74). Asimismo, sigue estando por debajo de los datos registrados desde el 2017 (234), año en el que comienza a descender el total de personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad -por año- registrando en 2018 un total de 108, 95 en 2019 y 58 en 2020”, sostuvo el relevamiento.
En ese sentido, desde la Procuraduría se señaló que “continúa siendo significativo el número de personas que aún no han obtenido sentencia”.
Al respecto se consigna que hay en la actualidad 482 se encuentran personas procesadas por delitos de lesa humanidad; 138 con falta de mérito y 93 sobreseídas, en tanto que unas 558 imputados tienen pedidos de indagatoria que aún no se efectuaron.
“Durante el año en curso fallecieron 63 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad; 21 permanecen prófugas y otras 15 se encuentran en el exterior del país y registran pedido de captura. Del universo total de personas bajo investigación, son 1.506 las que permanecen en libertad y 717 las detenidas, de las cuales el 77% de estas últimas se encuentra con arresto domiciliario, y el y el 30% de ellas cuenta con dispositivo de monitoreo electrónico”, de acuerdo a lo detallado en el informe.
La PCCH señala demás que la persecución penal de los crímenes de violencia sexual cometidos durante el terrorismo de Estado forma parte de la política criminal del Ministerio Público Fiscal y que “se los considera delitos autónomos y se busca visibilizarlos y establecer responsabilidades”.
Por eso este el pasado 14 de noviembre, la Procuración emitió la Resolución 557/2012 en la cual se instruye a las y los fiscales a “adoptar las acciones necesarias para el juzgamiento de esos delitos”.
Desde entonces, “se ha registrado un incremento en la cantidad de sentencias donde se juzgan esos delitos, que demuestran que “las prácticas de abuso, violación sexual, tocamientos y aborto forzado fueron extendidas en todo el país durante el terrorismo de Estado”.
Sin embargo, desde 2013 a la actualidad no se ha superado el dictado de cinco sentencias con estas características por año.
Al cierre del informe estadístico, el 16% de las sentencias dictadas desde 2006 incluyeron condenas por delitos de violencia sexual, y esos hechos tuvieron como víctimas a 206 personas (173 mujeres y 33 varones) y como responsables a 154 condenados, en tanto que se dictaron 28 absoluciones.