Luego de 10.570 días de transcurrida la denominada «Masacre de Wilde», el emblemático caso de «gatillo fácil» cometido en 1994 en esa localidad bonaerense, se conocerá hoy el veredicto del juicio a los siete expolicías sentados en el banquillo de los acusados, informaron fuentes judiciales.
«La única expectativa que tengo es que los jueces puedan ver la verdad de lo que pasó como la hemos visto nosotros y como la hemos caminado nosotros», dijo a Télam Raquel Gazzanego, viuda de una de las víctimas, el vendedor de libros Edgardo Citutín, quien ayer hubiera cumplido 63 años.
El fallo será dado a conocer a las 12 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Loma de Zamora, integrado por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández.
«Que (los magistrados) logren ver también la soberbia y la inquina que tienen los abogados defensores, y así sí poder dar un veredicto y una sentencia justa a esta causa», sostuvo Gazzanego.
La lectura del fallo se llevará a cabo en una audiencia a designar el mismo lunes, la sede judicial ubicada en Presidente Perón 2.463 -ex Camino Negro-, partido de Lomas de Zamora.
Al mediodía de hoy habrán transcurrido 10.570 días desde aquel 10 de enero de 1994, en el que, además de Cicutín, fueron asesinados Norberto Corbo, Enrique Bielsa y Claudio Mendoza.
Al debate oral y público llegaron en libertad y estuvieron sentados en el banquillo de los acusados los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los exoficiales Osvaldo Lorenzón, el exsubteniente Pablo Dudek, los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el excabo Marcos Rodríguez.
Para todos ellos, la fiscal Viviana Simón pidió la máxima pena al considerarlos «coautores penalmente responsables del delito de ‘homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado en tentativa todos en concurso real entre sí».
Para Simón existió entre los imputados un «acuerdo previo para matar entre todos», ya que la prueba demuestra que «se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas», a las que emboscaron en la zona de Wilde.
«La acción de cada imputado no es de un mero partícipe sino de los que mantienen dominio sobre el hecho», aseveró la representante del Ministerio Público al calificar el hecho como «un ataque múltiple a cinco seres humanos realizado ordenadamente y siguiendo un plan previamente acordado».
Además, pidió que, de ser condenados, todos ellos queden «inmediatamente detenidos». Mientras que las defensas de todos los acusados pidieron la absolución de los siete expolicías.
«Perpetua para absolutamente todos, porque en todos estos años cada vez me fui convenciendo más de que era una banda delictiva formada por policías delincuentes uniformados y por delincuentes civiles, que tenían que ajusticiar a algunos de la banda y ajusticiaron a dos personas inocentes, una Edgardo y el otro Norberto Corbo», expresó Gazzanego.
La «Masacre de Wilde» ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Roberto Corbo y a sus pasajeros, Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Edgardo Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz, el único que sobrevivió al ataque.
Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces.
De acuerdo a los peritajes, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.
En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.
Además de quienes fueron juzgados, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho y el exsubteniente Marciano González, que quedó fuera del proceso por incapacidad mental, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).
Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida.
No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos.