Referentes de Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora, rechazaron la intención del presidente Alberto Fernández de impulsar un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y el resto de los integrantes del máximo tribunal del país, a raíz del fallo que restituyó a la Ciudad de Buenos Aires los fondos de coparticipación que le había quitado el gobierno nacional.
El primero en reaccionar dentro del universo opositor fue Mario Negri, jefe del bloque de Diputados de la UCR, quien advirtió que el oficialismo “no tiene los votos” para avanzar en el recinto con el juicio político contra Rosatti, como reclama Fernández. El referente parlamentario de Juntos por el Cambio (JxC) calificó la jugada presidencial como “un apriete infame para congraciarse” con Cristina Kirchner.
“Fernández, que en cualquier país normal ya hubiera sido destituido por mal desempeño y cometer delitos, amenaza al presidente de la Corte con un juicio político que no va a prosperar porque no tiene los votos. Un apriete infame para congraciarse con Cristina Fernández de Kirchner y buscar impunidad”, enfatizó Negri desde su cuenta de Twitter.
En tanto, Juan Manuel López, presidente de la bancada de la Coalición Cívica en la Cámara baja, consideró que “esta vergüenza contra la Corte no será otra mancha más, será histórica”. “Presidente respire hondo, es domingo 1 de enero de 2023, el año que se termina el gobierno del Frente de Todos, qué es su propio calvario también. Imagínese expresidente, disfrute”, ironizó López.
Desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta también salieron a rechazar la embestida del Presidente contra el máximo tribunal del país. El encargado de fijar la postura de la Ciudad fue el secretario de Asuntos Públicos del Gobierno porteño, Waldo Wolff, “Mi deseo, Alberto Fernández, es que deje de actuar como abogado de Cristina Kirchner”, apuntó Wolff, quien se incorporó la semana pasada al Gabinete de Larreta. “El país hoy es más pobre que ayer, el dinero rinde menos y la comida sale más cara. Deje de buscar culpables afuera, violar la ley y hostigar a la Ciudad”, añadió el funcionario larretista.
Integrantes del ala dura de Pro también salieron al cruce de la maniobra del jefe del Estado. Fernando Iglesias le dedicó un mensaje cargado de sarcasmo: “Mundial. Año nuevo. No están tranquilos viendo a la gente disfrutar una alegría en paz”. “El exjefe de gabinete de Néstor promueve el juicio político del ex ministro de Justicia de Néstor. ¿La culpa? De Cambiemos”, completó Iglesias.
Por su parte, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), alfil de Roberto Lavagna en el Congreso e integrante de la comisión de Juicio Político, remarcó que la Argentina “inicia el año con una mala la novedad”, por el intento del Presidente de remover al titular de la Corte. “Así como se han venido acumulando pedidos de juicio político a Fernández, sin fundamentos sólidos y por pura especulación política, en este caso sucede algo similar”, aseguró.
Para Rodríguez, los fundamentos que esgrime Fernández para pedir el juicio político de Rosatti “carecen de rigor”, ya que “el argumento de que el Poder Judicial se estaría entrometiendo en las decisiones del Congreso sólo tiene el respetable valor de ser una opinión personal del Presidente, pero no es la posición institucional adoptada” por el parlamento.
“Con respecto a la medida cautelar en relación a los fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es de público conocimiento que las partes han planteado sus posiciones ante la Justicia, que el proceso aún está en marcha y que el propio gobierno nacional hizo trascender que adoptaría medidas específicas para, llegado el caso, ejecutar la medida contenida en el fallo de la Corte”, agregó Rodríguez.
Por último, el compañero de bancada de Florencio Randazzo y Graciela Camaño sostuvo que “si un desafío sigue vigente es, precisamente, renovar la obsoleta ley de Coparticipación y marchar hacia un modelo más justo, en el que la Nación ceda parte de los recursos que hoy no coparticipa para mejorar la distribución de la renta federal en favor de las provincias”.
Fuente: La Nación