La discusión sobre la reforma de la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación generó una movilización ciudadana inédita: más de 27 mil personas se inscribieron para participar en las audiencias públicas convocadas en la Cámara de Diputados para debatir las modificaciones al régimen de protección ambiental que rige sobre glaciares y zonas periglaciares. La cifra supera ampliamente los registros habituales en este tipo de instancias legislativas y ya plantea desafíos logísticos para el Congreso, que deberá definir cómo organizar las exposiciones de miles de participantes interesados en intervenir en el debate.
Las audiencias fueron convocadas para los días 25 y 26 de marzo en el marco del tratamiento del proyecto que modifica la actual legislación de protección de glaciares (que obtuvo media sanción por parte del Senado el 26 de febrero, tras un debate de comisiones exprés), una norma sancionada en 2010 que establece presupuestos mínimos para preservar estas reservas estratégicas de agua.
El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas de manera presencial y hasta las 20 horas de manera virtual.
El volumen de personas inscriptas refleja el impacto político, ambiental y económico que tiene la posible modificación de la Ley de Glaciares vigente, que prohíbe actividades como la explotación minera, la liberación de sustancias contaminantes y otras intervenciones industriales en zonas glaciares y periglaciares, consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos para el país. El proyecto en discusión busca modificar algunos de esos criterios, lo que habilitaría nuevas actividades económicas de explotación en determinadas áreas actualmente protegidas, especialmente en regiones cordilleranas con fuerte desarrollo de la minería.
En ese contexto, la convocatoria a audiencias públicas – un mecanismo que permite la participación ciudadana en el proceso legislativo – generó una respuesta masiva de organizaciones sociales, especialistas, ambientalistas, representantes de comunidades locales y ciudadanos interesados en intervenir en el debate. Para dimensionar el fenómeno, varias y varios legisladores compararon la convocatoria con uno de los debates más importantes de los últimos años: el de la Ley de interrupción Voluntaria del Embarazo, que contó con 738 inscriptos a lo largo de 15 días de audiencias.
En este caso, el Congreso había previsto inicialmente solo dos jornadas de audiencias, una presencial y otra virtual, lo que generó cuestionamientos sobre cómo se garantizará la participación de todos los inscriptos. Legisladores/as opositores/as afirmaron en una nota que con los días previstos para realizar las audiencias, sólo podrían participar 216 personas. Ante el número récord de participantes, distintos sectores políticos y sociales comenzaron a reclamar que se amplíe el número de días destinados a las audiencias públicas para garantizar que todas las voces puedan ser escuchadas.
