La Corte Suprema de Justicia firmó una Acordada en la que impulsa un nuevo reglamento para los concursos de jueces, con el objetivo de “reducir los potenciales ámbitos de discrecionalidad” y garantizar que el mérito y la idoneidad sean determinantes en la selección. El proyecto, suscripto por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fue enviado al Consejo de la Magistratura para su análisis, en un contexto marcado por la necesidad de cubrir numerosas vacantes judiciales.
El texto propone priorizar los antecedentes académicos y el desempeño real de los candidatos por sobre la trayectoria burocrática dentro del Poder Judicial. También introduce cambios en la prueba de oposición, que será anónima y estará dividida en etapas con corrección automatizada, y establece pautas más objetivas para evaluar los antecedentes personales.
Uno de los puntos centrales es la modificación de la entrevista personal, considerada la instancia más cuestionada del sistema actual. El nuevo reglamento reduce su peso en la puntuación total y establece que sea pública, transmitida por medios audiovisuales y abierta a la ciudadanía, con reglas más claras y previsibles para evitar arbitrariedades.
Además, se crean dos tipos de concursos: anticipados -que serán la regla- y especiales-como excepción-, con límites en la cantidad de cargos a cubrir. El esquema incluye la planificación anual de concursos, la digitalización del proceso de inscripción y la elaboración de un orden de mérito provisorio que determinará qué postulantes acceden a la etapa final.
Aunque la implementación dependerá de la aprobación del Consejo de la Magistratura, en el ámbito judicial ya se analizan sus posibles efectos sobre concursos en curso, especialmente en cargos clave como la Cámara Federal de Casación Penal. El trasfondo del planteo deja entrever una crítica al funcionamiento actual del sistema y una advertencia institucional sobre la necesidad de transparentar los procesos de selección.
