A partir del 1 de abril, entra en vigencia un nuevo esquema de precios que impactará directamente en el costo de vida del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta dinámica responde a la continuidad de la quita de subsidios estatales y a fórmulas de indexación técnica, en un contexto donde las proyecciones privadas sitúan la inflación de marzo en torno al 3 por ciento.
El cuadro tarifario de colectivos presenta cambios significativos. En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo para usuarios con SUBE registrada pasará a $ 873,37 (un alza del 4,9%), mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se fijó en $ 715,26. La brecha se profundiza para quienes no tengan la tarjeta nominada, con valores base que saltan a $ 1.388,66 en territorio bonaerense. En simultáneo, los combustibles muestran una tendencia alcista: la nafta súper en CABA ya superó los $ 2.000 por litro en estaciones seleccionadas.
En cuanto a la energía eléctrica, las distribuidoras Edenor y Edesur aplican nuevos valores en cargos fijos y variables. Por su parte, AySA completa el último tramo de su actualización del 4%, llevando el costo promedio del servicio de agua a $ 23.648,56. En el sector de la salud, las prepagas como OSDE, Galeno y Swiss Medical implementan su cuarto ajuste anual con incrementos del 2,9%, vinculados a la medición inflacionaria de febrero.
El mercado inmobiliario registra uno de los saltos más bruscos para quienes mantienen contratos bajo la Ley 27.551. Aquellos inquilinos que deban cumplir con la actualización anual sufrirán un incremento del 33,3% por la aplicación del Índice de Contratos de Locación (ICL). Esta aceleración de los precios regulados y contratos privados marca el inicio de un trimestre de fuerte presión sobre el poder adquisitivo de los hogares.
