En un giro inesperado para una de las causas judiciales más mediáticas de los últimos años, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata dictó la falta de mérito para Jorge Castillo, el administrador del complejo La Salada, y el resto de los imputados en la investigación por presunto lavado de dinero y evasión impositiva.
La decisión, firmada por los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, beneficia no solo al denominado «Rey de la Salada», sino también a su hijo Manuel, su esposa Natalia Luengo, los hijos de su histórico socio Enrique “Quique” Antequera y otros 20 detenidos. Con esta resolución, la Justicia ordenó la inmediata libertad de los implicados; en el caso de Castillo, este se encontraba bajo arresto domiciliario desde noviembre pasado.
El fallo de la Cámara platense lanza duras críticas a la investigación previa llevada adelante por el juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona. Según los magistrados, los elementos de prueba recolectados hasta el momento no son suficientes para sostener los procesamientos por asociación ilícita y lavado de activos.
“No hay un análisis fundado acerca de la existencia de alguna maniobra que permita demostrar, al menos en este estado embrionario del proceso, un supuesto de lavado de activos siquiera indiciariamente”, detalla el documento judicial.
La investigación había tomado relevancia pública tras una serie de más de 60 allanamientos simultáneos que incluyeron la detención de Castillo en su mansión de Luján. En aquel operativo, las fuerzas de seguridad incautaron 41 vehículos (entre autos y motos) y documentación vinculada al holding que administra la feria de Lomas de Zamora.
La fiscalía sostenía que el complejo de venta de indumentaria funcionaba como una estructura para el movimiento de dinero no declarado. De acuerdo a las pericias contables de la instrucción, se habían detectado ingresos en efectivo a cuentas bancarias del grupo por una cifra superior a los $33 mil millones de pesos entre el año 2021 y abril de 2025.
A pesar del volumen de dinero y los operativos desplegados, la Cámara consideró que la acusación carece de la fundamentación técnica necesaria para vincular ese flujo de fondos con maniobras delictivas de lavado de dinero bajo los estándares actuales.
Tras el fallo, Jorge Castillo —asistido legalmente por los abogados Gastón Marano y Mario Iglesias— recuperó su libertad ambulatoria, mientras la causa permanece abierta a la espera de nuevas pruebas que puedan sustentar o descartar definitivamente las imputaciones originales.
